La nueva ley hipotecaria no será retroactiva, es decir, no se aplicará a los contratos que se hayan firmado con anterioridad a su entrada en vigor salvo en algunos casos. El primero es que se trate de subrogaciones o novaciones, pero hay otra excepción en la que sí se aplicará retroactividad, que es en la cláusula de vencimiento anticipado. La norma se aplicará retroactivamente a los contratos que tuvieran una de estas cláusulas salvo que las condiciones pactadas en la hipoteca fueran más favorables al cliente o salvo que se trate de uno de los casos de desahucios paralizados por la Justicia europea. La banca se evita así acudir a los tribunales por hipotecas ya ejecutadas.
Los grupos parlamentarios han aprobado este martes el redactado del apartado de la nueva norma que se refiere a la retroactividad en su aplicación. La únicas condiciones en las que sí se aplicará retroactividad tienen que ver con el reembolso anticipado, al que el cliente tendrá derecho aunque haya firmado la hipoteca antes, y con el vencimiento anticipado.
En este último caso, la aplicación de la retroactividad también tiene excepciones. La primera de ellas es que si las condiciones pactadas en la hipoteca sobre vencimiento anticipado eran mejores que las que prevé esta nueva ley, no se aplicará. La segunda es que si, con anterioridad a la entrada en vigor de la norma, ya se declaró el vencimiento anticipado, tampoco se aplicará. Así, los bancos esquivan el riesgo de tener que defenderse en los tribunales en relación con hipotecas ya ejecutadas.
Los grupos han llegado a este acuerdo para evitar miles de desahucios de consumidores con procedimientos judiciales paralizados pendientes de la Justicia europea. Estos clientes están a la espera de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) determine si la anterior normativa es abusiva en relación con el vencimiento anticipado.
Sus ejecuciones, ya iniciadas, están paralizadas. Si los grupos hubieran pactado la retroactividad total de la nueva ley hipotecaria, estos procesos judiciales habrían sido suspendidos y a los contratos afectados se les aplicaría la nueva norma. Esto podría provocar el desahucio automático de estos consumidores. Para evitarlo, los grupos han pactado que la nueva norma no será de aplicación para estos procesos de desahucio ya iniciados.
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Los bancos pagarán por ley todos los gastos hipotecarios salvo el de tasaciónLa nueva ley endurece las condiciones para que las entidades financieras puedan ejecutar una hipoteca. Concretamente, el banco deberá esperar a que el impago de la hipoteca llegue a doce meses o al 3% del capital concedido durante la primera mitad del préstamo o a quince cuotas o el 7% en la segunda para poder ejecutar una hipoteca, que es el paso previo a un posible desahucio.
ENTRARÁ EN VIGOR EN MARZO
Aún no está claro cuándo entrará en vigor esta nueva ley hipotecaria, que supone la trasposición de una Directiva europea que debió realizarse hace dos años, si bien lo más probable es que se retrase hasta marzo. La tardanza en su entrada en vigor amenaza a España con una multa por parte de la Justicia europea, a la que la Comisión Europea ya pidió que fuera de unos 105.000 euros diarios.
La Comisión de Economía y Empresa del Congreso ha aprobado este martes algunas de las enmiendas a las que no se había dado el visto bueno durante la fase de Ponencia y tras este paso el siguiente es su paso por el Pleno, algo que ocurrirá previsiblemente el próximo 20 de diciembre.
Será entonces, ya en 2019, cuando la norma pase al Senado. El Gobierno solicitó que la tramitación en la Cámara Alta se realizara por urgencia, es decir, en un plazo de unos veinte días, pero este periodo se verá, seguramente, ampliado, pues el PP tiene la intención de incorporar la única de sus enmiendas que no forma parte ya de la norma.
El grupo parlamentario pretende que en esta norma se elimine el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados, reduciendo su tipo a cero. Como el PP cuenta con mayoría en la Cámara Alta, es seguro que el proyecto de ley volverá con, al menos, esta enmienda al Congreso, donde el Pleno deberá acordar si sale adelante o no. Según apuntan fuentes parlamentarias, esta circunstancia provocará que la aprobación definitiva de la norma se retrase hasta febrero o marzo.
