Las entidades de crédito tendrán que asegurar el acceso a servicios financieros presenciales en el 100% del territorio en el plazo máximo de seis meses, según han acordado las patronales bancarias, con el objetivo de favorecer la lucha contra la despoblación y contribuir a una adecuada vertebración territorial.
El acuerdo establece un marco de actuación que se articulará con pleno respeto a la normativa de competencia para garantizar al menos un punto de acceso a servicios bancarios presenciales a través de distintas modalidades a las más de 660.000 personas que residen en los 3.230 municipios que no disponen de este servicio. Asimismo, se incluyen medidas para garantizar el mantenimiento de servicios bancarios presenciales en aquellos municipios que cuentan actualmente con un único punto de acceso.
En concreto, para aquellos municipios de más de 500 habitantes, un total de 243 municipios, en los que habita el 0,45% de la población, unas 211.000 personas, se dispondrá de al menos un punto de acceso a través de las modalidades de oficina bancaria, cajero automático, oficinas móviles y/o agentes financieros.
El desarrollo de este compromiso se apoyará también en la colaboración público-privada, que podrá llevarse a cabo, entre otras modalidades, a través de la cesión de un espacio físico adecuado, con las condiciones de seguridad necesarias, y de las conexiones a infraestructuras tecnológicas oportunas. Las entidades asociadas dispondrán de un plazo de seis meses, ampliables en otros seis más, para para garantizar la puesta en marcha de al menos uno de los puntos de acceso, mediante actuaciones individuales, tanto directamente como mediante su participación en licitaciones realizadas por las administraciones públicas interesadas.
Para aquellos municipios de menos de 500 habitantes sin punto de acceso a servicios financieros, un total de 2.987 municipios en los que vive el 0,99% de la población, en torno a 446.000 personas, se garantiza la provisión de servicios bancarios básicos, incluyendo el acceso al efectivo.
Para estos municipios, la prestación de estos servicios podrá realizarse adicionalmente a través de carteros rurales, que permiten alcanzar el 100% del territorio, o a través de las modalidades de cash back o cash in shop, mediante la suscripción de acuerdos que habiliten la retirada de efectivo en establecimientos como ayuntamientos o comercios, además de bajo las modalidades establecidas para los municipios de más de 500 habitantes.
ENTIDADES QUE PLANEEN CERRAR EL ÚNICO PUNTO DE ACCESO
Además, el acuerdo para la actualización del protocolo alcanzado recoge también compromisos en relación con aquellos municipios que cuenten con un único punto de acceso físico a servicios bancarios, con el fin de mantener la provisión de este servicio. Las entidades que planeen cerrar el único punto de acceso que pueda existir en estos municipios se comprometen a comunicárselo a sus clientes con un plazo de antelación de al menos cuatro meses salvo imposibilidad sobrevenida.
Además, estos municipios se incorporarán a los objetivos desarrollados en el protocolo, comunicando la previsión de cierre al Observatorio para su incorporación al estudio de diagnóstico con el objetivo de que se pueda sustituir el servicio prestado por otro en línea con los establecidos para municipios en la misma categoría de población, de modo que se mantenga el acceso a los servicios bancarios.
El acuerdo establece también que todas estas iniciativas serán complementadas con los servicios de banca electrónica y telefónica desarrollados por las entidades financieras. En este sentido, las entidades continuarán impulsando la capacitación digital y financiera de sus clientes en el ámbito rural mediante programas de formación, incluyendo formación específica a segmentos de personas mayores.
El compromiso de prestar servicios financieros a todo el territorio, acordado durante una reunión entre la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, y las principales asociaciones bancarias (AEB, CECA y Unacc), se materializará en una nueva actualización del 'Protocolo Estratégico para Reforzar el Compromiso Social y Sostenible de la Banca', que ya se renovó en febrero de 2021 para garantizar la inclusión financiera y la atención personalizada de los mayores.
