Este lunes entra el vigor el real decreto-ley en el que se incluyen las nuevas medidas aprobadas por el Gobierno para responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania así como la prórroga de otras que ya se estaban aplicando. El paquete, ya publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), tiene un coste de 9.000 millones de euros y funcionará hasta el 31 de diciembre.
El objetivo de este decreto, según aseguran desde el Ejecutivo, es seguir combatiendo la inflación provocada en todos los países de la Unión Europea (UE) por el encarecimiento de la energía mediante la prórroga de una batería de medidas que concluían el 30 de junio y ahora se prolongan hasta el final de 2022. "De esta forma, el Gobierno pretende mitigar el impacto de esa alza de precios en los hogares y colectivos más vulnerables, así como en el tejido productivo con ayudas directas a los sectores más afectados".
AYUDA DE 200 EUROS PARA RENTA BAJAS
El Real Decreto-ley incluye la aprobación de un ayuda de 200 euros para rentas bajas. En concreto, la normativa contempla que los asalariados, autónomos y desempleados inscritos en las oficinas de empleo puedan percibir un pago único de 200 euros. Se estima que esta medida beneficiará a 2,7 millones personas e incrementará su renta en 540 millones.
Para recibir esa ayuda, los beneficiarios deben residir en hogares en los que la suma de las rentas que perciban los convivientes sea inferior a 14.000 euros en 2021 y cuyo patrimonio descontando la vivienda habitual no supere los 43.196,4 euros.
Se excluye de esta ayuda a quienes ya cobren el Ingreso Mínimo Vital (IMV) o reciban pensiones del Régimen General y los Regímenes especiales de la Seguridad Social o por el Régimen de Clases Pasivas del Estado. Para estos colectivos, el Real Decreto-ley contempla ya medidas concretas como la prórroga del incremento del 15% del IMV o de las pensiones no contributivas, que implica incrementos anuales superiores a los 200 euros. Y, en el caso de las pensiones contributivas, el Gobierno ya garantiza el incremento en línea con la inflación para garantizar que no existe una merma del poder adquisitivo.
El organismo encargado de la gestión de esta ayuda, que requerirá solicitud previa por los beneficiarios, será la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
REBAJA DEL IVA DE LA LUZ
La principal novedad fiscal del Real Decreto-ley aprobado es la rebaja del IVA de la luz del 10% al 5% hasta el 31 de diciembre de 2022. Esto supone que España tendrá a partir del 1 de julio, cuando entre en vigor esta rebaja, el IVA de la electricidad más bajo de la UE. Esta reducción se suma a la llevada a cabo en junio de 2021, cuando el Gobierno redujo del 21% al 10% este gravamen. La intensificación de esta rebaja tributaria se produce después de que entrara en vigor en abril una nueva directiva europea sobre el IVA que permite poder realizar ahora esta medida.
La nueva bajada del IVA de la luz se produce en los mismos términos en los que estaba vigente. Es decir, afecta a los consumidores con una potencia contratada inferior o igual a 10 kW, siempre que el precio medio aritmético del mercado mayorista de la electricidad correspondiente al mes anterior al del último día del periodo de facturación haya superado los 45 euros por MWh.
Esta rebaja del IVA permite reducir la factura a 27,7 millones de hogares, autónomos y empresas. La práctica totalidad de hogares se beneficia de la disminución de este gravamen. El tipo del 5% en el IVA se aplica también al 72,5% de los contratos de suministro de electricidad de empresas y negocios (no domésticos).
El gravamen del 5% se aplicará también para los consumidores vulnerables severos y en riesgo de exclusión, con independencia de la potencia contratada o del precio de la electricidad, medida que beneficiará a más de 640.000 hogares.
Asimismo, el Impuesto Especial sobre la Electricidad, que el Gobierno ya rebajó en septiembre de 2021 de un tipo del 5,1% al 0,5%, mantendrá este gravamen mínimo que permite la normativa de la UE hasta el 31 de diciembre de 2022.
El decreto también mantiene la suspensión durante todo 2022 del Impuesto del Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE), un tributo que grava con un 7% los ingresos obtenidos por la venta de la electricidad en el mercado mayorista y se repercute en el precio de dicho mercado y en la factura final.
DESCUENTOS EN EL ABONO TRANSPORTE
Se establece una reducción del 50% del precio de los abonos mensuales de transporte en empresas estatales, como Renfe, y del 30% de las autonómicas y locales. No obstante, en el caso de las CCAA y ayuntamientos, la aplicación de esta medida es voluntaria.
Quienes sí decidan poner en marcha el descuento podrán hacerlo a partir del 1 de septiembre y tienen la opción, además, de ampliar la rebaja del 30% al 50%, aunque completando la diferencia con sus propios recursos. Las ayudas suponen una cifra estimada de 200 millones de euros en total.
BONIFICACIÓN AL COMBUSTIBLE
Otra de las medidas que se prorrogan en el Real Decreto-ley es la bonificación extraordinaria de 20 céntimos por litro de combustible que empezó a funcionar el 1 de abril y estaba prevista su finalización el 30 de junio, pero ahora, ante la persistencia del alza de precios, se prolonga hasta el 31 de diciembre de 2022. La bonificación beneficia principalmente a los transportistas, pero también al resto de usuarios. El impacto de esta medida entre julio y diciembre de 2022 se estima en 4.038 millones de euros.
Asimismo, se extienden las ayudas directas para el sector gasintensivo a otras actividades de este ámbito, uno de los más afectados por el aumento del precio del gas, que ya se adoptaron en el decreto del pasado 29 de marzo. Esta ayuda directa tendrá una cuantía máxima de 400.000 euros por empresa.
EL GOBIERNO TRABAJA EN EL DISEÑO DE UN IMPUESTO A LAS ELÉCTRICAS
Por otra parte, al margen del Real Decreto-ley, el Gobierno trabaja en el diseño de un nuevo impuesto, dado el impacto que el encarecimiento de los precios de la energía está teniendo en los beneficios extraordinarios de los operadores energéticos más relevantes. Este nuevo gravamen será presentado como proposición de ley en el Congreso durante las próximas semanas.
La idea es poner el devengo del nuevo impuesto el 31 de diciembre de 2022. Por lo tanto, el nuevo impuesto sería exigible a partir del 1 de enero de 2023, pero sí afectaría al ejercicio de 2022.
El objetivo es repartir la carga del esfuerzo por la alta inflación y que aquellos sectores que estén obteniendo mayores beneficios por la subida de precios de los productos energéticos aumenten su aportación fiscal.
