Aviso desde Finlandia: el factor de sostenibilidad reducirá las pensiones españolas un 21% hasta 2060

La norma aprobada hace cuatro años por el Gobierno de Mariano Rajoy, aprovechando su mayoría absoluta, consta de dos variables que condicionan el futuro de las pensiones. El índice de revalorización, en funcionamiento desde 2013, sirve para establecer la actualización de la pensión, una vez que se desligó del IPC. La ley fija un mínimo del 0,25%, que es al ritmo al que se han incrementado desde entonces y así seguirá siendo durante las próximas décadas según los expertos, dado que se vincula a la salud financiera de la Seguridad Social.

Por su parte, el factor de sostenibilidad empezará a aplicarse el 1 de enero de 2019. “Su objetivo es mantener la equidad intergeneracional”, resumen los profesores José Enrique Devesa y Robert Meneu, de la Universidad de Valencia, en un informe sobre las cuentas nocionales publicado por el Instituto Santalucía. Esta variable depende de la esperanza de vida. Si la deriva demográfica es la prevista por el Instituto Nacional de Estadística (INE), con una ratio de dependencia -jubilados respecto a activos- cada vez mayor, la tasa de sostenibilidad hará que la pensión inicial disminuya paulatinamente. El informe ‘Ageing Report’ de la Comisión Europea prevé que aumente desde el 51,5% de 2016 hasta el 81,8% de 2060.

Hasta ahora, los nuevos jubilados son los que más cobran: los de 60 a 64 años cuentan con una pensión media de 1.182 euros; los de 65 a 69 años, de 1.163 euros; y los de 70 a 74 años están en 1.033 euros. Son los tres únicos grupos de edad que pasan de los 1.000 euros en promedio, frente a la media total de 926 euros.

Lo anterior cambiará con el factor de sostenibilidad. Los expertos calculan que la pensión inicial se reducirá un 0,4% en 2019 respecto a la cuantía que tendrían los nuevos pensionistas en caso de que no se aplicase el factor de sostenibilidad. La previsión es que este valor suponga una reducción de un 0,4% para los que se jubilen en 2019, un 0,8% para los que lo hagan en 2020 y así sucesivamente”, apuntan Devesa y Meneu. En 15 años la reducción alcanzaría el 6% con esta dinámica.

Un ajuste similar fue introducido previamente en Finlandia, donde se espera que haya una reducción de la pensión en torno al 21% hacia 2060

Así, el factor de sostenibilidad incidirá en el esquema de protección social sobre los jubilados de España, como refleja un informe publicado este miércoles por la noche por parte de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). “España introducirá un ajuste automático para las nuevas pensiones con el objetivo de contabilizar las expectativas de vida de los nuevos pensionistas”, señala el estudio. “Un ajuste similar fue introducido previamente en Finlandia, donde se espera que haya una reducción de la pensión en torno al 21% hacia 2060”, añade. Esta estimación es de la OCDE, que analizó el impacto en el sistema de pensiones del país nórdico.

Aunque la fórmula es diferente, el espíritu del factor de sostenibilidad de Finlandia es el mismo que el de España: vincular la pensión pública a la tendencia demográfica, de tal manera que cuando las expectativas de años de vida aumentan en la edad de jubilación, la cuantía disminuye. Esto afecta al primer pilar -pensión pública-, aunque hay que tener en cuenta que el sistema de pensiones finlandés se basa también en aportaciones obligatorias de los trabajadores a través de un ahorro complementario, una práctica cada vez más común en la OCDE.

De hecho, España es uno de los pocos países del ‘club de estados desarrollados’ en el que el sistema se basa sólo en una pensión pública, aunque haya ciertos incentivos fiscales a los planes privados -para algunos expertos no son suficientes-. Entre las 19 naciones europeas analizadas en el Informe Mundial sobre la Protección Social 2017-2019 de la OIT, España cuenta con la tasa de reemplazo más alta, con más de un 80%. Esto es, la pensión respecto al último salario, frente a niveles levemente por encima del 40% como media de la Unión Europea.

España también es el país en el que la OIT proyecta el mayor descenso de esta tasa de reemplazo durante las próximas décadas, hasta 2060, situando la previsión cerca del 50%, lo que dejaría al país por debajo de Italia y al nivel de Eslovaquia. Seguiría en la parte alta de la Unión Europea, aunque la mayor parte del resto de países tiene una estructura que protege a los jubilados a través de aportaciones obligatorias de los asalariados a planes complementarios.

Asimismo, la organización estima que España gasta un 12% del Producto Interior Bruto (PIB) en pensiones y otros beneficios para las personas jubiladas o en la franja de edad para hacerlo. A escala global, está por debajo de Grecia, que lidera la tabla con un 17,5%, y de Italia, Francia, Portugal, Austria, Finlandia, Chipre y Japón, el único estado con una esperanza de vida más elevada que España actualmente, según la OCDE.

PROTECCIÓN DE LOS DESEMPLEADOS

El informe de la OIT analiza la protección pública a diferentes grupos sociales, no sólo a los jubilados. En este sentido, excluyendo el desembolso en sanidad, España está entre los países con mayor gasto social en la población ocupada como porcentaje del PIB con un 6,3%, sólo menos que Bélgica, Finlandia y Dinamarca. Aunque cuando se trata de la cobertura de los desempleados, cae al puesto 19, con un 46%.

España también destaca positivamente en protección de bajas laborales de los empleados, en un ranking en el que se sitúa en la parte alta con un 76% de los casos en los que ha habido algún tipo de lesión o enfermedad, únicamente menos que Polonia, Japón, Eslovenia y Rusia.

La calificación de España pasa a ser negativa cuando se habla de porcentaje de población que está cubierto por al menos un tipo de beneficio del esquema de protección social. Mientras que en muchos países es el 100%, en el caso español la OIT calcula un 80,9%, por debajo de la media de Europa y Asia central del 84,1%. Sólo mejor que Chipre, Israel, Armenia, Azerbaiyán y Georgia en un grupo de 34 estados. No obstante, si se realiza el mismo ejercicio con hogares en vez de con personas individuales, España se sitúa en el ‘club’ del 100%. Mientras que si se tiene en cuenta la ayuda con beneficios monetarios a colectivos vulnerables, la cobertura española es del 45% frente a la media en Europa y Asia central del 66,7%. Seis países tienen el 100%: Bélgica, Finlandia, Francia, Kazajstán, Eslovenia y Suecia.

En total, el gasto en protección social excluyendo sanidad es del 19,7% del PIB en España, según estimaciones de la OIT. Esto deja al país por detrás de Francia y Finlandia, que encabezan el listado con un 22,9%, así como de Italia, Grecia, Bélgica, Ucrania y Dinamarca. Aunque en este caso está por encima de la media de los países con ingresos altos, que es de un 17,7%.