Al banquillo. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha abierto juicio oral contra el expresidente de la Asociación de Usuarios de Servicio de la Banca (Ausbanc) Luis Pineda; el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernard y la abogada Virginia López Negrete, que ejerció la acusación contra Iñaki Urdangarín y la Infanta Cristina en el juicio por Nóos.
Además, se sentarán en el banquillo otras siete personas, a las el juez acusa de integrar una organización criminal de extorsión contra empresas, entidades bancarias y asociaciones a cambio de no hacerles publicidad negativa. El juicio se dirigirá contra Ausbanc como persona jurídica y otras 25 sociedades civiles relacionadas con esta desde las que se realizaban los supuestos delitos.
En el auto, dado a conocer este lunes, ratifica la prisión provisional de Luis Pineda, en prisión desde abril de 2016, así como la situación personal de todos los acusados, incluida la legal de dejar constancia del domicilio en España para notificaciones y citaciones, "además de la obligatoria de comparecer a cuantos llamamientos judiciales sean precisos".
En diciembre pasado se conoció la petición de penas que la Fiscalía de la Audiencia Nacional solicita para todos ellos, que es de 118 años y 5 meses de cárcel para pineda y 24 años y 10 meses para Bernard.
Se les acusa a ambos de los delitos de organización criminal y extorsión y en el caso de Pineda -se les añade estafa y blanqueo de capitales y por ello la Fiscalía le pide una multa de 10 millones de ee euros. Para la que fuera abogada de la acusación en el 'caso Nóos', Virginia López Negrete, solicita 11 años y 11 meses de cárcel por organización criminal y extorsión.
La actividad de Ausbanc y Manos Limpias se ha podido concretar en el sumario, por ejemplo, en la estrategia que usaron Pineda y Bernad para intentar negociar la retirada de la acusación contra la Infanta Cristina en el caso Nóos a cambio de un acuerdo que les beneficiara económicamente, presionando para ello al entorno de la defensa jurídica de la Infanta.
OTROS PROCESADOS
El resto de procesados a los que Pedraz sienta en el banquillo son Alfonso Sole Gil, que se enfrenta a una petición de 37 años y cinco meses de cárcel y multa de 10 millones de euros por los delitos de blanqueo de capitales y el adjunto a la Presidencia de la asociación, Ángel Garay para quien pide 32 años y cinco meses de cárcel y multa de 10 millones de euros.
Los miembros de la junta directiva que se encuentran en un tercer nivel y que también serán juzgados son María Teresa Cuadrado (se piden para ella 21 años y 11 meses), María Manuela Mateos (66 años y 10 meses), María Isabel Medrano (60 años de prisión), Rosa Isabel Aparicio (51 años y 10 meses) y Luis María Suárez (16 años). Finalmente ha quedado fuera del caso Hermenegildo García, para quien la Fiscalía pedía 15 años y 11 meses de cárcel, y que no será juzgado.
En el auto de procesamiento, cuya argumentación fue acogida en gran parte por la Fiscalía, se relata como Pineda ideó la creación de una asociación "sin finalidad de lucro" que denominó Ausbanc pero que en realidad buscaba el enriquecimiento ilícito personal a través de tres canales principalmente: las cantidades que bancos y empresas pagaron ante las amenazas de realizar campañas públicas de desprestigio en su contra, las provenientes de subvenciones y de las cuotas de los asociados adheridos, es decir, los que no podían participar en la toma de decisiones de Ausbanc.
La Fiscalía establece una estructura de la organización en cuya cúspide sitúa a Pineda por ser el encargado de buscar financiación y ocultarla bajo presuntos convenios publicitarios a cambio de publicidad favorable en sus revistas.
También la conseguía negociando con entidades bancarias a cambio de no presentar potenciales demandas contra las mismas. Estas actuaciones contaron desde 2012 con el beneplácito del entonces secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernard, financiando para ello al sindicato.
EXTORSIÓN A LA DEFENSA DE LA INFANTA
En cuanto al capítulo de la Infanta, la investigación concluyó que primero Bernad exigió a Jaume Giró Ribas, director y responsable de Reputación de la Fundación La Caixa, donde trabajaba la Infanta Cristina, que la entidad ayudara económicamente con dos millones de euros a la empresa de seguridad LPM por la "grave situación financiera" que atravesaba.
Ante la falta de contestación, fue Pineda el que retomó la propuesta y después se puso en contacto con el despacho de Miquel Roca, que llevaba la defensa de la Infanta, alegando que habían tenido muchos gastos procesales que podrían haber llegado "hasta los tres", refiriéndose a tres millones de euros.
Según el Ministerio Público, de toda esta estrategia era conocedora la abogada López Negrete, quien "seguía las instrucciones que le daba Bernad y enviaba la información que obtenía del caso a Pineda" y a otra de las imputadas, Rosa Isabel Aparicio.
Este tipo de estrategia también fue empleada por Pineda y Bernad en otros casos como en la acusación de Manos Limpias en el caso de los falsos ERE de Andalucía, en concreto la extorsión a Unicaja para archivar el procedimiento contra su presidente, Braulio Medel, la presión ejercida al Banco Sabadell, a Volkswagen en el caso del trucaje de los motores diésel de sus vehículos, al Banco Santander y a La Caixa.
BBVA Y CAJA MADRID, ENTRE LOS AFECTADOS
Según el relato de los hechos, la red consiguió un total de 808.000 euros entre los años 2003 y 2007 de BBVA, que acabó rompiendo el contrato con la asociación en 2012. Un año después comenzaron las noticias negativas contra la entidad que preside Francisco González relacionadas con la investigación del caso 'Nóos'. En concreto los principales acusados junto con López Negrete buscaron la imputación en la causa del jefe de Responsabilidad y Reputación Corporativa de BBVA Antonio Ballabriga.
Dinámica similar se puso en marcha con Caja Madrid cuando tras la resolución del contrato se iniciaron una campaña mediática y judicial contra su entonces presidente, el fallecido Miguel Blesa, personándose en la causa instruida en los Juzgados de Plaza Castilla por la concesión de un crédito de 2,6 millones de euros de la caja al empresario Gerardo Díaz Ferrán. También sufrieron campañas negativas Crédit Services y Novagalicia Banco, que se negó a abonar un pago de 300,000 euros.
Se dan otros casos en los que los acusados iniciaron una campaña negativa "exclusivamente por motivos personales", como la que pusieron en marcha contra el portavoz de Facua, Rubén Sánchez por la "enemistad" entre ambos y porque la asociación de consumidores era competencia directa de Ausbanc. Precisamente Pineda ha sido condenado en diversas ocasiones por un juzgado de Sevilla por difamar al periodista.
