Generalizar y aumentar la reserva de nivelación para que en la Declaración de Sociedades 2019 se puedan aprovechar las pérdidas que se producirán en 2020. Es una de las propuestas realizadas por el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), que recomiendan que, aunque se tengan problemas para hacer frente al pago de Sociedades el 27 de julio próximo, se presente en plazo la declaración y que, también antes de esa fecha, se solicite el aplazamiento.
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Los economistas piden deducciones por el teletrabajo y la mayor seguridad en empresasEn este sentido, el Consejo General de Economistas destaca el cambio de calendario mercantil, consistente en que la autoliquidación de 2019 se debe de presentar, para entidades con ejercicio coincidente con el año natural, del 1 al 27 de julio y se confeccionará utilizando las cuentas formuladas, aunque no hayan sido aprobadas y, si no han sido ni siquiera formuladas, con "la contabilidad disponible".
Si la autoliquidación resultante de las cuentas anuales finalmente aprobadas fuera distinta de la presentada, se presentará otra hasta el 30 de noviembre de este año, debiéndose analizar, en cada caso, la incidencia de esta segunda autoliquidación.
PÉRDIDAS
Los economistas señalan que, como la crisis actual es posible que provoque retrasos en los pagos, que en muchas ocasiones serán impagos, sería conveniente que la deducibilidad de las insolvencias fuera más fácil. A este respecto, en primer lugar, proponen reducir de seis a tres meses el plazo de tiempo que tiene que transcurrir desde el vencimiento de la obligación al final de ejercicio para que el importe no satisfecho del crédito sea deducible. Además, en el caso de las deudas de entes públicos, ven conveniente que, cuando se produzca un retraso en la obtención del cobro superior a tres meses, la imputación temporal del ingreso no se produzca hasta que se perciba efectivamente el cobro.
En cuanto a otras pérdidas por deterioro, creen que se debería permitir la deducción de las que se produzcan en elementos del inmovilizado y de las inversiones inmobiliarias producidas por la crisis sanitaria y, de esta manera, acercar, al menos en este aspecto, el resultado contable a la base imponible.