Alarma en el Banco de España. La institución que gobierna Pablo Hernández de Cos estima que el déficit se desviará hasta el 2,5% del PIB, respecto al 1,3% del PIB pactado con Bruselas previamente. Una nueva previsión que duplicará el umbral permitido por la Comisión Europea, por lo que el ritmo de ajuste de la deuda pública será aún más lento.
Óscar Arce, dierctor general de Economía y Estadística del Banco de España, ha reconocido que "el ajuste de dos décimas en el déficit nos deja un pelín insatisfechos". Además, ha apostillado que "de materializarse este déficit del 2,5%, estaríamos hablando de que la política fiscal adaptaría un tono claramente expansivo".
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El descontrol del déficit llega en un contexto de desaceleración económica. En el caso español, la economía ha iniciado 2019 con una leve ralentización respecto al cierre de 2018. De hecho, la entidad estima que el crecimiento del PIB se modere hasta el 0,6% en el primer trimestre del año, una décima por debajo del último de 2018.
Esta ralentización es también fruto de "un deterioro del entorno internacional, tras una acumulación de sorpresas negativas en la zona del euro", sostiene Arce.
Con todo, el Banco de España ha evitado revisar su previsión del PIB para el conjunto del año y estima que el país crezca un 2,2% en este ejercicio, tres décimas menos que en el año anterior. Una estimación apoyada principalmente en la fortaleza de la demanda interna.
"El dinamismo de la demanda interna ha compensado el deterioro del contexto exterior, de modo que no se ha producido una desaceleración de la actividad como la registrada en el conjunto de la UEM. En particular, el consumo privado ha seguido mostrando una notable fortaleza", subraya la institución.
FUERTE RECORTE DE LA INVERSIÓN
El Banco de España ha revisado a la baja el crecimiento de la inversión de capital por el desfavorable contexto exterior. En concreto, aumentará un 3,9% este año, ocho décimas menos que lo estimado en diciembre; mientras que la inversión en equipo registrará un crecimiento del 3,2%, 1,8 puntos menos que lo previsto anteriormente. Por el contrario, la inversión en construcción crecerá en 2019 un 4,6%, una décima más que la estimación previa.
Por el lado de la demanda externa, la contribución negativa que actualmente presenta al avance del PIB (restará una décima en 2019) se moderará de aquí a 2021, cuando será neutral. Las exportaciones crecerán este año un 3,3% para situarse en el 4% en 2020 y en 3,9% en 2021, mientras que las importaciones aumentarán un 3,6% en 2019, se elevarán un 4,6% al año siguiente y crecerán un 3,9% en 2021.
Por lo que respecta al empleo, el Banco de España proyecta una moderación de su ritmo de avance, tras el "notable dinamismo" de los últimos años. Así, la creación de puestos de trabajo, con un crecimiento del empleo del 1,6% en los tres años analizados, situará la tasa de paro en el 14,2% este año (una décima menos que la estimación de diciembre) y en el 2021 se situará en el 12,3%.
EL AUMENTO SALARIAL NO SE TRASLADA A LOS PRECIOS
En el ámbito de los precios, estima que el IPC general situará su variación media anual en el 1,2% este año, cuatro décimas menos que lo estimado con anterioridad; en el 1,5% en 2020 y en el 1,6% en 2021, en un contexto de cierta estabilidad de los precios energéticos.
El Banco de España explica que la revisión a la baja de la inflación es reflejo de que la evolución reciente de los precios ha sido menos dinámica de lo anticipado en diciembre, lo que sugiere, en su opinión, que la traslación a precios de los aumentos salariales recientes está teniendo lugar "de forma más contenida" que en el pasado.
EVITAR SUBIDAS SALARIALES GENERALIZADAS
También con este último objetivo, afirma que sería "deseable" que la magnitud de las alzas salariales se acompase a las circunstancias concretas de cada empresa o sector y, en particular, a los crecimientos de productividad, "evitando subidas generalizadas" para el conjunto de la economía, desligadas de esas condiciones específicas.
Además, asegura que los mecanismos de fijación de precios y de salarios deberían permitir un "grado de flexibilidad" suficiente como para adaptarse, en caso necesario, a un entorno de mayor desaceleración de la actividad, al objeto de limitar las eventuales pérdidas de actividad y empleo.
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