Las reformas llevadas a cabo por el Gobierno de España para abaratar el coste de la electricidad no tendrán un gran impacto en el conjunto del sistema, tal y como concluye Moody's en su último informe al respecto. Sostienen que la rebaja de los impuestos, que reducirá los ingresos, será neutral en cuanto a los créditos para las operaciones de los bonos de titulización de la tarifa eléctrica (ETD).
"Antes de los ajustes temporales, los impuestos representaban alrededor del 15% del total de los ingresos regulados recaudados en las facturas de los usuarios finales, por lo que el recorte fiscal afecta sólo a una parte de los ingresos totales", argumentan.
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Destacan que la suspensión de estos impuestos ha estado en vigor desde junio de 2021 junto a la reducción del IVA y los descuentos en la factura para los consumidores más vulnerables (bono social).
"El impacto de la suspensión fiscal sobre la deuda viva acumulada del sistema será limitado porque el decreto también aplica un recorte en la fórmula de retribución a los productores de electricidad renovable, de residuos y de cogeneración", argumentan.
La carga de la deuda pendiente se mantendrá probablemente en niveles asequibles para 2022, según indican, dada la limitada magnitud de los ajustes propuestos, combinada con el ajuste por el lado de los costes. De hecho, recogen las previsiones de la Comisión Nocional del Mercado y la Competencia (CNMC) en las que estiman que el stock acumulado de deuda viva para 2021 es de 12.200 millones de euros, por debajo de los 14.300 millones de 2020.
"La ratio deuda/ingresos regulados acumulado de la ETD para España fue inferior al 90% en 2020 y 2021, lo que está por debajo del umbral del 100% que consideramos para que el sistema sea sostenible", sentencian.
En 2022, la deuda seguirá disminuyendo hasta situarse en los 10.000 millones de euros, según los cálculos del organismo regulador español que recoge Moody's en su escrito. "El RDL 6/2022 no afectará a las principales características del actual marco de la ETD, que sigue dando prioridad al reembolso de las obligaciones relacionadas con el déficit tarifario antes que a cualquier otro coste del sistema, además de limitar el tamaño de los futuros déficits", afirman estos expertos.
