La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) prevé que el déficit púbico alcance el 2,7% del PIB este año, lo que supone una desviación de cinco décimas respecto al objetivo inicial (2,2%), en línea con lo calculado por el Gobierno, principalmente por el rescate de las autopistas y las cajas de ahorros, al tiempo que estima un déficit del 2,2% para 2019, cuatro décimas por encima del objetivo del Gobierno.
Así se desprende del informe sobre el cumplimiento esperado de los objetivos de las administraciones públicas, en el que la Autoridad Fiscal estima que el déficit procederá en su mayoría del Estado (1,5%) y la Seguridad Social (1,5%), frente al déficit de tres décimas de las comunidades autónomas y el superávit de seis décimas de las corporaciones locales.
El déficit procederá en su mayoría del Estado (1,5%) y la Seguridad Social (1,5%)
El organismo considera "improbable" que el conjunto de las administraciones publicas alcance este año el objetivo de déficit pactado con la Comisión Europea del 2,2% del PIB, calculando una desviación de cinco décimas, en línea con el Gobierno.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez ya adelantó que estimaba una desviación del objetivo de cinco décimas también, hasta el 2,7% del PIB. De hecho, también elevó del 1,3% al 1,8% del PIB la meta para 2019, y pronostica un déficit público del 1,1% para 2020 y del 0,4% en 2021.
Fuentes de la AIReF explicaron que tanto por el lado de los ingresos como por el de los gastos la contribución del ciclo económico actual a las cuentas públicas está siendo "positiva", si bien no cree que se vaya a cumplir el objetivo y revisa a la baja sus estimaciones por las medidas aprobadas en la tramitación de los PGE y la materialización de ciertos pasivos contingentes.
EL IMPACTO DE LAS CAJAS DE AHORROS Y LAS 'DTAs'
La desviación del objetivo prevista para este año por la AIReF se concentra principalmente en la Administración Central y en los Fondos de la Seguridad Social, que cerrarían el año con un déficit del 1,5% en ambos casos. En el caso del Estado, la AIReF considera "improbable" que alcance el objetivo del 1,2%, ya que tendría que realizar un ajuste de 0,7 puntos del PIB respecto al año anterior. No obstante, ve "factible" que alcance un nivel de recursos en línea con las previsiones contenidas en los PGE, mientras que los gastos mantendrán su peso en 2018, rompiendo la tendencia de reducción de ejercicios anteriores.
Según la Autoridad Fiscal, la desviación de cinco décimas en el Estado se produce principalmente en los gastos por el incremento de los pagos a cargo del Fondo de Garantía de Depósitos en concepto de liquidación de los Esquemas de Protección de Activos (EPA) de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) y Unnim, que cifra en 1.700 millones frente a los 700 del año pasado, y por la incidencia de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA) por las autopistas de peaje, estimada en unos 2.000 millones.
Desde la AIReF dudan del cumplimiento de las previsiones de recaudación en Sociedades, impuestos especiales y, en menor medida, en IVA, si bien señalan que el IRPF muestra un "gran dinamismo", que se atenuará con la entrada en vigor de la reforma, pero junto a la contribución de los fondos provenientes de la UE ve "factible" que se alcancen los ingresos previstos en los PGE y en la actualización del Programa de Estabilidad.
A su vez, impactan las previsiones de solicitudes de conversión de los impuestos diferidos en créditos fiscales exigibles (DTAs), que este año podrían superar los 1.000 millones, frente a los 500 de 2017. A esto se suman las medidas recogidas en los Presupuestos relativas a la subida de salarios públicos y la nueva transferencia para financiar la Seguridad Social.
La revalorización de las pensiones suponen una aceleración del crecimiento de los gastos en la Seguridad Social
En cuanto a los fondos de la Seguridad Social, cree que mantendrán un déficit similar al del año pasado. El organismo presidido por José Luis Escrivá explica que las medidas de revalorización de las pensiones suponen una aceleración del crecimiento de los gastos en la Seguridad Social, que no puede ser compensada con la "buena marcha" de las cotizaciones.
Ve "improbable" que se alcance el nivel de cotizaciones previsto en los PGE, y calcula que el gastos en pensiones crecerá por encima del 5% debido a la revalorización aprobada en los PGE y a la subida de las pensiones de viudedad. Igualmente, cree que el SEPE y el Fogasa registrarán superávit, aunque no recibirán transferencias del Estado. En cualquier caso, señala que estas desviaciones no pueden ser absorbidas por el margen producido en las administraciones territoriales.
RIESGO DE INCUMPLIMIENTO DE LA REGLA DE GASTO EN 13 CCAA
En concreto, augura un déficit del 0,3% del PIB para las comunidades autónomas, por lo que considera "probable" que el subsector cumpla el objetivo de estabilidad fijado para este año en el 0,4% del PIB, si bien matiza que el elevado riesgo de incumplimiento de la regla de gasto hace que estime "improbable" alcanzar el 0,2% de déficit que permitiría el cumplimiento simultáneo de ambas reglas fiscales.
Solo en los casos de la Comunidad Valenciana, Extremadura y Murcia aprecia "improbable" o "muy improbable" el cumplimiento del objetivo de estabilidad. Respecto a la regla de gasto, cuatro CCAA presentan riesgos altos de incumplimiento (Andalucía, Islas Baleares, Madrid y Cantabria), y para otras nueve aprecia un riesgo moderado (Galicia, Asturias, País Vasco, Navarra, Cataluña, Valencia, Murcia, Castilla-La Mancha y Extremadura).
En cuanto a las corporaciones locales, cree que mantendrán el superávit de los ejercicios anteriores del 0,6% del PIB, aunque con unas centésimas "algo inferiores" a otros años, ya que las 21 grandes corporaciones locales analizadas reducirían su superávit respecto al año anterior un 20%. Según sus estimaciones, un superávit próximo al 0,6% del PIB permitiría al subsector cumplir la regla de gasto, como ha sucedido desde 2013.
Las corporaciones locales mantendrán el superávit de los ejercicios anteriores del 0,6% del PIB
También aprecia un riesgo "alto" de incumplimiento de las previsiones de superávit y regla de gasto de 2018 recogidas en el Plan Económico Financiero (PEF) del ayuntamiento de Madrid, y riesgo de incumplimiento de la regla de gasto en los consistorios de Barcelona, ;Córdoba, L'Hospitalet de Llobregat y el Cabildo Insular de Tenerife.
En paralelo, sigue viendo en situación "crítica" de sostenibilidad a los ayuntamientos de Jerez de la Frontera, Parla y Jaén, en situación de riesgo alto a los de Algeciras, Gandía, La Línea de la Concepción, Aranjuez, Totana, Navalcarnero, Isla Cristina y Ayamonte, y en riesgo moderado a los de Alcorcón, Valdemoro, Sanlúcar de Barrameda, San Andrés de Rabanedo y Almonto, frente al riesgo bajo en Granada y Cuenca.
DEUDA PÚBLICA DEL 97,6% DEL PIB ESTE AÑO
Respecto a la deuda pública, estima que se cumplirá el objetivo de deuda fijado en el 97,6% del PIB para el conjunto de administraciones públicas, al tiempo que prevé el cumplimiento de los objetivos de deuda de las CCAA.
A su juicio, debería diseñarse una senda razonable de convergencia al límite del 13% para las CCAA, y estima riesgos muy altos en el caso de Castilla-La Mancha, Cataluña, Murcia y Comunidad Valenciana, así como alto para Extremadura y Andalucía. De su lado, los ayuntamientos podrían alcanzarán un nivel de deuda de en torno al 2,1% del PIB, cumpliendo ampliamente el objetivo (2,7%).
La Autoridad Fiscal recomienda a corto plazo corregir los problemas en la definición, aplicación y seguimiento de las reglas fiscales que afectan especialmente a las corporaciones locales, como concretar el carácter y alcance de los objetivos acordados en los PEF y Planes de ajuste de los ayuntamientos, y concretar criterios sobre el destino del superávit autonómico.
