La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha estimado en 920 millones de euros el gasto de las medidas que ha aprobado el Gobierno de Pedro Sánchez mediante real decreto-ley en los llamados 'viernes sociales'. A su vez, también ha previsto que el déficit público cierre este ejercicio en el 2,1% del PIB, ocho décimas por encima del objetivo oficial pero una décima menos de lo que estimaba en caso de que se hubiese aprobado el proyecto presupuestario y gracias en parte al cierre de 2018.
Las cifras figuran en el informe sobre presupuestos iniciales de las administraciones públicas en 2019, publicado este viernes por este organismo, en el que señala que la mejora de su previsión de una décima se debe a la Seguridad Social y explica que la no aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019 ha supuesto que no se pongan en marcha una parte relevante de las medidas contenidas en el plan presupuestario y en el proyecto de presupuestos, con un efecto neto positivo sobre el déficit.
No obstante, matiza que las medidas de ingresos de los fondos de la Seguridad Social, la revalorización de las pensiones (este año suben un 1,7% las medias) y la subida del salario de los empleados públicos ya habían entrado en vigor antes de la presentación del proyecto de PGE.
Asimismo, señala que las medidas de gasto aprobadas vía real decreto-ley por el Gobierno en los primeros meses, cuantificadas en el plan presupuestario e incluidas en el proyecto de PGE, conllevan un importe de 1.633 millones, si bien no han supuesto una "sorpresa" y no han variado la previsión de déficit, ya que estaban previstas en el escenario de enero, han indicado fuentes del organismo.
La AIReF ya había reducido en 200 millones el impacto de estas medidas en 2019, puesto que su entrada en vigor se había retrasado hasta el segundo trimestre del año de acuerdo con el calendario de tramitación del presupuesto.
Tras la aprobación de los decretos, el importe final estimado por la AIReF de las medidas de los 'viernes sociales' alcanza los 920 millones al no haberse desarrollado la medida de mejora de la dependencia que, por importe de 515 millones, se incluía en el proyecto de PGE.
Los 920 millones de los 'viernes sociales', a falta de sumar el coste de las nuevas medidas que se aprueben, se derivan de la aprobación del pago de las cotizaciones a los cuidadores (315 millones), la recuperación del subsidio para mayores de 52 años (242 millones), el aumento del permiso de paternidad a 8 semanas (225 millones) y el ingreso mínimo vital (138 millones).
A estos 920 millones se suma el coste de 588 millones de la revalorización aprobada de las pensiones al IPC, la subida de las mínimas y las no contributivas al 3%, con lo que las medidas de gastos finalmente aprobadas alcanzan los 1.508 millones de euros.
Por tanto, con la prórroga presupuestaria los gastos serán unos 3.700 millones inferiores a lo previsto por la AIReF en enero del coste total de las medidas de gastos de los PGE (5.250 millones), y el efecto neto de la no aprobación de las medidas sería ligeramente positivo (menores ingresos compensados por menores gastos).
Otro factor que ha contribuido a rebajar la estimación de déficit ha sido la incorporación de los datos publicados de cierre de 2018, con un déficit del 2,6% del PIB, un décima inferior a la prevista por la AIReF, debido al mejor comportamiento de las cotizaciones sociales y de los ingresos provenientes de los fondos estructurales europeos.
Igualmente, señala que las operaciones no recurrentes han tenido un impacto en el déficit de 2018 del 0,5%, con unos 5.940 millones (2.357 millones de las autopistas de peaje) y calcula un efecto para este año del 0,2% (3.000 millones).
Por el lado de los ingresos, la AIReF estimó en enero un impacto de recaudación impositiva de 23.000 millones que finalmente no se han aprobado, pero si han entrado en vigor las medidas de ingreso s que afectan a la Seguridad social, por importe de 2.320 millones. Entre otras, el alza del 7% de las bases máximas de cotización (850 millones) o las bases mínimas del régimen general (600 millones).
ESTADO Y SEGURIDAD SOCIAL INCUMPLEN
Por subsectores, la institución prevé que la Administración Central registre un déficit del 1% del PIB, con una ligera mejora respecto al informe de enero al concentrar los efectos de la no aprobación de los PGE, pero mantiene como "muy improbable" la consecución del objetivo del 0,3% fijado.
La no aprobación de los PGE ha afectado especialmente al Estado al no aprobarse las medidas impositivas, con lo que estima un alza del 4,3%, frente al 6,1% del proyecto de PGE, si bien el 'no' a las nuevas cuentas recudirá a su vez el crecimiento del gasto en este subsector del 4,1% al 1,4%.
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Fuentes de la Autoridad Fiscal han señalado que de no producirse los cambios en el SII del IVA, el déficit del Estado se reduciría en dos décimas del PIB, aunque el objetivo continuaría siendo improbable. El gasto computable se reduce un 1,2% respecto al cierre de 2018, cumpliendo por tanto la regla de gasto.
Respecto a la Seguridad Social, mejora una décima sus previsiones, pasando de un déficit del 1,5% al 1,4% del PIB, pero sigue resultando "muy improbable" el cumplimiento de la meta de déficit del 0,9%.
La ligera mejora se debe a los datos de cierre de 2018 más favorables de lo esperado, y para este año se pronostica un alza de los recursos superior al 6% por el dinamismo de las cotizaciones, en tanto que el gasto aumentará un 5,7%, impulsado por la revalorización de las pensiones y las nuevas medidas aprobadas en los 'viernes sociales'.
CC.AA. Y AYUNTAMIENTOS
Por su parte, para las comunidades autónomas la AIReF considera "factible", con mayor holgura que en enero, el cumplimiento del objetivo de estabilidad de un déficit del 0,1% del PIB, y mantiene su escenario central en un 0,2%.
Mantiene el riesgo moderado de incumplimiento de la regla de gasto. Según la AIReF, el cómputo del SII del IVA en 2017 va a perjudicar a la liquidación de la financiación de las CC.AA. en ese ejercicio, que se realiza este año, aunque confía que "de una u otra forma se restablezca el equilibrio", a pesar de que la iniciativa del Gobierno de modificar el cómputo ha quedado aparcada por ahora.
Los cálculos provisionales de la AIReF apuntan a que cumplirán el objetivo del 0,1% las comunidades de Andalucía, Asturias, Islas Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Madrid, Navarra, País Vasco y La Rioja, mientras que ve "improbable" que lo cumplan Aragón, Castilla-La Mancha y Extremadura, y "muy improbable" el cumplimiento en Murcia y Comunidad Valenciana. En la regla de gasto ve un riesgo alto de incumplimiento en la Comunidad Valenciana y moderado en el resto de regiones.
En cuanto a las corporaciones locales, considera "muy probable" que el subsector cumpla el objetivo de equilibrio, viendo "factible" un superávit de en torno al 0,5% del PIB, ligeramente inferior al de 2018. Desde el organismo advierten de que los depósitos acumulados (27.000 millones) por los ayuntamientos son superiores a la deuda bruta (26.000 millones).
