La AIReF propone aumentar el cómputo de la pensión y la edad efectiva de jubilación

El gasto en pensiones registrará un incremento de entre 2 y 4 puntos del PIB para 2048. Una evolución al alza que para la AIReF responde a "dos fuerzas opuestas". Por un lado, la fuerte presión al alza de los factores demográficos y, por otro, el efecto compensador conjunto de la evolución del mercado de trabajo y de las reformas del 2011 y del factor de sostenibilidad aprobado en 2013.

Además, prevé que el déficit de la Seguridad Social, que califica "estructural" y que se sitúa entre el 1,3 y el 1,5% del PIB, se mantenga en el futuro "en ausencia de medidas adicionales". Por ello, cree que en el corto plazo, el Estado tendría que asumir determinados gastos que ahora soportan las cotizaciones, una medida que considera "factible y deseable". Visualizar este "desequilibrio" como "un problema del conjunto de las Administraciones Públicas (AAPP) permitiría reducir la incertidumbre existente respecto a la sostenibilidad de la Seguridad Social".

Este déficit, en el corto plazo, "tiene su origen en la gravedad de la crisis que provocó un desplome de las cotizaciones y ha de ser separado de los problemas de largo plazo, determinados por la demografía y que no son esencialmente diferentes en España que en el resto de los países de nuestro entorno", explica.

Por ello, afirma que situar el déficit en aquella parte de la administración que dispone de herramientas para solucionarlo y visualizarlo como un problema conjunto "permitiría reducir la incertidumbre existente respecto a la sostenibilidad de la Seguridad Social. De este modo, se evitarían decisiones descoordinadas e inconsistentes como bajadas de impuestos o aumento del gasto en partes de la administración que aparecen como excedentarias".

HAY RECORRIDO EN LAS REFORMAS

La AIReF, en la publicación sobre la sostenibilidad de la Seguridad Social, también incluye que, aunque ha constatado la existencia de deficiencias en las previsiones y el diagnóstico, existe recorrido en la profundización de la reforma de 2011, principalmente en dos componentes: un retraso en la edad efectiva de jubilación y una ampliación del período de la carrera de cotización.

"Una comparativa internacional refleja que España aún tiene recorrido para reforzar la sostenibilidad del sistema de pensiones modificando algunos de sus parámetros fundamentales" y la profundización en la reforma de 2011, que modificó parámetros tales como la edad, la carrera de cotización a considerar o las reducciones de la pensión por acceso a la jubilación anticipada, "puede suponer un compromiso adecuado de mejora de la sostenibilidad sin dañar la suficiencia del sistema", afirma.

Así, propone profundizar en dos aspectos. En primer lugar, la edad efectiva de jubilación en España se sitúa en 62,4 años, por debajo de la media de los países OCDE (64,3 años) y presenta una de las mayores distancias respecto a la edad legal, llegando a alcanzar los 2,5 años. En segundo lugar, el período de referencia para el cálculo de la pensión, fijado actualmente en 20 años (aunque convergiendo en 2022 a los últimos 25 años como consecuencia de la reforma de 2011), está por debajo del utilizado por los principales países de nuestro entorno, donde está generalizada la utilización de la carrera laboral completa.

La AIReF considera que existen posibilidades de revalorización complementarias a la del IPC

Por otro lado, la AIReF piensa que el ajuste del sistema mediante el índice de revalorización "se ha revelado como una estrategia no sostenible de contención del gasto, ya que, una vez llegado el momento de aplicarlo en sus extremos más costosos políticamente, los incentivos para deshacer la reforma han resultado demasiado fuertes". Según sus estimaciones, la aplicación, en ausencia de medidas de incremento de ingresos, hubiera supuesto una revalorización del 0,25% durante todo el periodo de referencia. Esto hubiera contenido el gasto en 2,1 puntos del PIB adicionales, reduciendo el gasto en pensiones en 2048 hasta el 11,3% desde el 13,4%.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que esta contención sería a costa de una reducción de 8 puntos de la tasa de cobertura de las pensiones respecto de los salarios. Una reducción de la tasa de cobertura atribuible a la pérdida continuada de poder adquisitivo de las pensiones durante cada uno de los años que se perciba, afectando directamente a la suficiencia del sistema.

En cuanto a las medidas del Gobierno para ligar la subida de las pensiones al IPC, la AIReF considera que existen posibilidades de revalorización complementarias, como el crecimiento del PIB, de los ingresos del Estado o de las cotizaciones sociales que pueden conjugar el mantenimiento del poder adquisitivo con la sostenibilidad a largo plazo.

No obstante, recuerda que la Comisión del Pacto de Toledo debe aún precisar cuál ha de ser la regla a aplicar a partir de 2020. Y que, también, cualquier reforma acordada debería contar con el máximo consenso político y social y, además, aplicarse de forma gradual, para suavizar su impacto y permitir a los futuros pensionistas ajustar sus expectativas y adaptar sus decisiones de ahorro y trabajo a la nueva situación en un margen razonable de tiempo.