Sin presupuestos: los soberanistas no negociarán tras las acusaciones

Lejos de cumplir con las expectativas que se habían generado en el bando independentista, el escrito de acusación del cuerpo de letrados, dependiente del Ministerio de Justicia, ha caído como un jarro de agua fría. Torra ha considerado que es humillante "vender como gestos" las peticiones de penas de hasta 12 años de prisión en el caso del exvicepresident del Govern, Oriol Junqueras, por sedición, de los abogados estatales. Además de que son "agravantes de las posiciones iniciales", ha valorado en un apunte en Twitter.

Torra: los escritos de las acusaciones, que acumulan más de 200 años de cárcel para 18 acusados, demuestran que no ha habido ningún gesto del Gobierno

Después, en una declaración institucional junto al presidente del Parlament de Catalunya, Roger Torrent, se ha reafirmado y ha dado un carpetazo tácito al apoyo, al menos del PDeCAT, a las cuentas del Ejecutivo socialista. Según Torra, los escritos de las acusaciones, que acumulan más de 200 años de cárcel para 18 acusados, demuestran que no ha habido ningún gesto del Gobierno y Sánchez, "ha decidido no actuar y ser cómplice de la represión". En un acto desde la prisión de Lledoners ha afirmado que "nunca votaremos los Presupuestos".

Bonvehí, por su parte, ha asegurado que "está claro que con este escenario no hay nada que negociar, ya se espavilarán con los presupuestos". "Con este escrito de acusación, el no a los presupuestos es evidente", ha agregado.

El problema para juristas y politólogos consultados es que, hasta la fecha, la Abogacía no se había pronunciado y se había creado "cierta esperanza" de que se retirara de la causa o se personara sólo por el delito de malversación, con peticiones de penas mucho menores. "No obstante algunas voces en las filas republicanas consideran insuficiente esta hipotética decisión de los Abogados del Estado", apuntan fuentes parlamentarias.

De hecho, en los últimos días se había endurecido el discurso y algunos de los presos, como el expresidente de la ANC y diputado de Junts per Catalunya, Jordi Sánchez, habían rechazado ser "moneda de cambio" en la negociación sobre los Presupuestos Generales del Estado.

Desde Moncloa, el Gobierno también ha querido dejar claro que no ha mediado en la decisión del cuerpo de letrados. Según la ministra de Justicia Dolores Delgado las conclusiones de la Abogacía del Estado responden a criterios exclusivamente jurídicos. Ante la pregunta de si la decisión tendrá algún tipo de influencia en el voto de los partidos independentistas catalanes sobre los Presupuestos Generales del Estado, ha dicho "ignorarlo", durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

"No es una cuestión de gestos sino técnico jurídica de valoración de los hechos bajo unos criterios meramente profesionales. Es un debate jurídico", ha declarado la ministra Delgado. "Que sirva o no sirva, no tengo ni idea". Por su parte, la vicepresidenta, Carmen Calvo, ha negado que haya cambio de posición porque "es la primera vez que se califica" esta causa.

REBAJA DE PENAS

Con todo, fuentes parlamentarias no tiran la toalla y señalan que aún hay espacio para negociar, pero será después del juicio. Entonces, la acusación encarnada en la Fiscalía, que ha pedido una pena de 25 años para Junqueras por rebelión, 11 años para el exmayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, y de 17 años para varios exconsellers, puede rebajar sus demandas ante el Tribunal Supremo. Y la Abogacía, que además de los 12 años para Junqueras ha solicitado también penas de entre 8 y 11 años y medio para el resto de acusados, puede actuar de igual manera una vez concluya el proceso.

Pero este cambio en los escritos de los acusadores llegarán a destiempo para negociar unas cuentas que se antojan imposibles ante el más que seguro voto en contra de los diputados de ERC y de Junts per Catalunya.