La decisión definitiva del Tribunal Supremo sobre quién debe pagar el impuesto en la constitución de una hipoteca, lejos de cerrar el debate, ha abierto nuevos frentes. Al margen de la decisión del Gobierno de modificar la legislación para obligar al banco a hacerse cargo del coste del tributo, los abogados confían en que la Justicia europea pueda enmendar al Supremo, entre otras vías, a través de una cuestión prejudicial, como ocurrió con las cláusulas suelo.
Algunas asociaciones de consumidores, entre ellas Asufin y Adicae, llevan semanas advirtiendo de que, si el Supremo volvía a su doctrina anterior y hacía recaer sobre los clientes el coste del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, agotarían todas las vías judiciales para conseguir un resultado contrario, con Europa en el horizonte.
Los afectados se escudan en la reinterpretación que sobre la sentencia del Supremo relativa a la abusividad de las cláusulas suelo terminó haciendo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Después de que el alto tribunal nacional declarara nulas las cláusulas suelo abusivas, pero sin efectos retroactivos, la Justicia europea enmendó su doctrina estableciendo una retroactividad total. El aumento de litigios posterior a esta corrección obligó al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a crear juzgados especializados para dar salida a las causas relacionadas con esta materia.
Ahora los consumidores buscan una salida similar, con la diferencia de que en este caso el debate no se encuentra en la ausencia de retroactividad, sino en quién debe pagar el tributo. La solución sería, por tanto, un fallo contrario por parte de la Justicia europea. En todo caso, conseguirlo no es un camino fácil, coinciden en señalar los distintos despachos consultados por Bolsamanía.
CUESTIÓN PREJUDICIAL
En opinión del abogado y socio director del Bufete Rosales, José Baltasar Plaza, que Europa corrija al Supremo es posible a través del planteamiento por parte de un juez de una cuestión prejudicial al TJUE. Cualquier magistrado, incluso uno de Primera Instancia, podría preguntar a la Justicia europea sobre este tema.
“Lo que vaya a decir después el Tribunal de Luxemburgo está por ver, pero que puede revocar la decisión del Supremo, por supuesto”, añade el abogado, que señala que las cláusulas que trasladas al cliente todos los gastos de la hipoteca son “desproporcionadas”. En todo caso, advierte que una resolución por parte de la Justicia europea no llegará “pronto”, sino que pueden pasar meses o, incluso, años.
CONSTITUCIONAL Y ESTRASBURGO
La otra vía para corregir al Supremo a través de Europa es la que plantean tanto Jordi Ruiz de la Villa, socio de Litigación Bancaria en el despacho Fieldfisher Jausas, como Miguel Durán, socio director de Durán & Durán Abogados. Estos abogados creen que, antes de recurrir a Europa, lo lógico es presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional apelando a una vulneración del principio de igualdad o de seguridad jurídica. Esta vía, que solamente podría ser planteada por las partes involucradas en el pleito, sería la antesala para acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), localizado en Estrasburgo.
En opinión de Durán, el hecho de que el Tribunal Supremo haya escindido de la cláusula general de gastos hipotecarios que ya fue declarada abusiva por él mismo, resulta “arbitrario”, pues “al fin y al cabo de lo que se trata es de ver si se han vulnerado los derechos del consumidor”.
En esta circunstancia se basaría el recurso al Tribunal Constitucional. No obstante, es una vía con poca probabilidad de éxito, pues esta instancia ya declaró que la asunción del pago del impuesto por parte del cliente no vulneraba los principios de capacidad económica ni de igualdad, rechazando su inconstitucionalidad.
Ante una negativa del Constitucional, la respuesta estaría en elevar el caso a Europa. “Si se hubiera vulnerado el principio de igualdad y el Tribunal de Estrasburgo determinase que sí, el Supremo tendría que hacer verdaderas piruetas para eludir las consecuencias de esa decisión”, apunta Durán, para quien, en todo caso, aún “hay partido”.
Ruiz de la Villa, de Fieldfisher Jausas, por su parte, cree que, “en función de cómo se redacte la sentencia puede haber oportunidades” en el Tribunal de Derechos Humanos, aunque “sería complicado”. Coincide con los otros dos otros abogados en que el redactado de la sentencia será determinante.
