MADRID, 30 (EUROPA PRESS)
El Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid ha decretado la apertura de juicio oral contra los exconcejales Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer por un presunto delito de malversación de fondos públicos al encargar informes por valor de 50.000 euros sobre el convenio para la celebración del Mutua Madrid Open.
Así lo acuerda en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, por el que establece el procedimiento abreviado, para que el Ministerio Fiscal y las partes personadas se pronuncien sobre la apertura de juicio oral, o por el contrario, soliciten el archivo de la causa.
Lo ha acordado tras la querella que interpuso en 2017 el Grupo Municipal Popular contra ambos por delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y un delito societario en relación a la denuncia que interpusieron en su día sobre el convenio para la celebración del Mutua Madrid Open, que se sustentó en la elaboración de sendos informes encargados por Madrid Destino cuando ambos estaban en cargos de máxima responsabilidad en la empresa municipal.
Los populares entendían que hubo malversación dado que se interpuso la denuncia contra el acuerdo entre el Ayuntamiento y la organización del torneo pese a que había tres informes de la asesoría jurídica que lo descartaban.
El PP sostiene que se realizó un gasto de 50.000 euros para conseguir dos informes 'ad hoc' para formalizar la denuncia, lo que supuso "un quebranto patrimonial guiado por clara intencionalidad política y de criminalización de la gestión del PP".
"Los querellados decidieron presentar la denuncia en la Fiscalía con los informes elaborados por los despachos de abogados elegidos por ellos para redactar la misma y que no realizaban un análisis completo de los informes que fundamentaban las decisiones adoptadas por los responsables del Ayuntamiento en la fecha en la que se firmaron los contratos y contra los que presentaban la demanda", recoge la resolución.
Además, ahonda en que esa denuncia se sustenta únicamente en los dictámenes elaborados por los despachos de abogados contratados entonces por Madrid Destino y en los que se afirmaba que existían irregularidades de "trascendencia penal" en dicho convenio.
"Estos dictámenes no analizan los informes elaborados por los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Madrid ni los elaborados por los distintos departamentos que valoran las consecuencias de la firma de los contratos que analizan", explica el Juzgado.