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Marta Rivera de la Cruz, diputada de CiudadanosCONGRESO - Archivo

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

Ciudadanos ha pedido, este miércoles, al Gobierno que realice una nueva solicitud de autorización para la intervención de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), después que de la Audiencia Nacional la haya denegado por falta de competencias. En el auto, además, el tribunal señala, entre otros aspectos, varios errores procedimentales cometidos por la Abogacía del Estado en este proceso.

A través de una iniciativa parlamentaria, firmada por la diputada Marta Rivera de la Cruz y recogida por Europa Press, Ciudadanos califica la decisión de la Audiencia Nacional como "la peor de las noticias posibles" para los creadores y socios de la entidad.

"Se ven una vez más sumidos en una situación de incertidumbre, inseguridad jurídica y desamparo de sus derechos", explica el texto registrado, antes de recordar que este problema se une a la suspensión de la SGAE por parte de la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores (CISAC) que, a su juicio, deja en "un maltrecha situación" a la sociedad.

Desde el partido 'naranja' alertan que esta nueva decisión judicial pueden "acarrear consecuencias ciertamente lesivas para los derechos e intereses legítimos de los creadores y socios de SGAE" y lamenta que, en parte, se haya llegado a esta situación por errores de la Abogacía del Estado, que se recogen en el auto.

UNA PRIORIDAD PARA EL MINISTERIO

Para los de Albert Rivera, la situación de la SGAE debe ser en este momento "uno de los principales asuntos en el orden de prioridades" del Ministerio de Cultura y señala "de capital importancia" su intervención para "devolver a la principal entidad de gestión de España a la normalidad y para salvaguardar los derechos e intereses legítimos de miles de titulares".

"Este asunto se debía gestionar con máxima eficacia. No ha sido el caso: se ha perdido un tiempo que era precioso y se deteriora aún más la situación", indica la iniciativa.

Por ello, Ciudadanos quiere que el Gobierno pida explicaciones a la Abogacía del Estado por sus "errores procedimentales" y le plantea la posibilidad de volver a solicitar una autorización de intervención.

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