El Senado de EEUU aprobará en los próximos días un ambicioso paquete legislativo que dará luz verde a uno de los grandes puntales de la administración del presidente estadounidense, Joe Biden. Se trata del proyecto de ley de infraestructuras para el que se movilizará alrededor de 1 billón de dólares y con el que el presidente demócrata tiene la intención de renovar y construir puentes, carreteras, tuberías y redes de Internet. Cerca de 30.000 millones de dólares se obtendrán a base de onerosos impuestos a las criptodivisas.
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El proyecto de ley que se está debatiendo en la Cámara Alta del Congreso estadounidense busca reforzar los ingresos fiscales y recaudar mediante tasas impositivas el capital para llevar a cabo el programa de mejoras. Específicamente, la nueva normativa de infraestructura prevé imponer reglas más estrictas a los inversores del mercado de monedas digitales con el objetivo de recaudar más impuestos y financiar una parte de la inversión.
Los expertos indican que esta es la razón principal del retroceso del precio de la reina de las criptos desde que al cierre de julio conquistó un máximo no visto desde mayo en 42.500 dólares. "Probablemente las caídas están asociadas al proyecto de infraestructuras", señala Daniel Kim, de Maple Finance.
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Según una copia preliminar del proyecto de ley compartida con CoinDesk y recogida por DiarioBitcoin, cualquier institución financiera (‘broker‘) del país que transfiera cualquier activo digital necesitaría presentar una declaración bajo un régimen de presentación de información modificada.
El borrador define los activos digitales como “cualquier representación digital de valor […] registrada en un libro mayor distribuido protegido criptográficamente” o tecnología relacionada. También incluye a intercambios descentralizados y mercados peer-to-peer en su definición de ‘broker‘, dentro del grupo de instituciones financieras.
"Esto generó mucho miedo, incertidumbre y dudas con los usuarios moviendo fondos de las plataformas, reduciendo la liquidez y la incertidumbre de precio con este impacto", valora Kim.
La disposición incluye actualizar la definición de bróker para reflejar las realidades de cómo se adquieren y comercializan los activos digitales. La disposición además deja en claro que los informes de broker a broker se aplican a todas las transferencias de valores cubiertos (...) incluidos los activos digitales.
Asimismo, la nueva norma obligarían a las empresas a revelar las operaciones con activos digitales de más de 10.000 dólares.
Las medidas se suman al mayor escrutinio que el Internal Revenue Service (IRS), el fisco estadounidense, ha aplicado recientemente a los operadores de bitcoin, ethereum y otros activos digitales. La agencia ha prometido que emitirá nuevas normas que aclaren cómo deben tributar esas monedas virtuales.
Las personas que comercian con monedas digitales deben pagar impuestos sobre la renta por cualquier ganancia, aunque algunos criptoinversores han estado ignorando sus obligaciones fiscales. Pero incluso para aquellos que quieren seguir la ley, puede ser difícil hacer un seguimiento de lo que se debe.
"La declaración de impuestos sobre las operaciones con criptomonedas puede crear enormes dolores de cabeza, especialmente para aquellos que realizan múltiples transacciones cada año", indican los expertos. Mientras que los corredores de bolsa tradicionales ya están obligados a enviar formularios de impuestos detallados a los clientes, las criptobolsas no lo están. Incluso si las empresas quisieran ayudar a sus clientes a declarar impuestos, no siempre está claro cómo hacerlo con la normativa actual.
Si el proyecto de ley se aprueba en el Senado, pasará a la Cámara de Representantes. Allí algunos demócratas lo han criticado por considerarlo demasiado modesto comparado con el proyecto de ley de "infraestructura humana" de 3,5 billones de dólares para destinar dinero a la educación, el cuidado infantil, el cambio climático y otras prioridades.
A su vez, una parte de los republicanos cuestionan cómo se financiará la inversión en infraestructuras. Antes, en marzo, el presidente estadounidense había propuesto una inversión de 2,3 billones, pero la Casa Blanca tuvo que rebajarla ante las críticas de los republicanos.
