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La quebrada bolsa de criptomonedas FTX presentó una propuesta modificada para devolver hasta el 90% de las participaciones que los acreedores tenían en la bolsa y en su filial estadounidense antes de su quiebra el pasado noviembre. El plan contempla que los clientes recuperen sus activos a finales del segundo trimestre de 2024.

Este lunes, los acreedores de FTX dijeron que habían alcanzado un "hito importante" en el caso de quiebra después de "extensas discusiones" con el comité de acreedores no garantizados, un comité de clientes no estadounidenses y los demandantes de acción colectiva en relación con las disputas de propiedad de los clientes.

En concreto, los deudores proponen dividir los activos de los clientes desaparecidos en tres grupos en función de las circunstancias al inicio de los casos del Capítulo 11: Activos segregados para clientes de FTX.com; Activos para clientes de FTX.US; y un "Fondo General" de otros activos.

La propuesta establece que los clientes con un importe de liquidación preferente inferior a 250.000 dólares pueden aceptar la liquidación sin ninguna reducción de reclamación o pago. La liquidación preferente equivale al 15% de las retiradas de los clientes en la bolsa, nueve días antes de su quiebra.

Los acreedores recibirían además una "Shortfall Claim" contra el fondo general correspondiente al valor estimado de los activos desaparecidos en su bolsa, que asciende a casi 9.000 millones de dólares para FTX.com y 166 millones de dólares para FTX.US, la rama estadounidense de la bolsa. Con todo, la compañía ha indicado que los pagos a estos clientes podrían no reflejar el valor justo de las reclamaciones de los acreedores de la criptobolsa.

Sin embargo, las recuperaciones podrían verse afectadas por diversos factores, como impuestos, reclamaciones gubernamentales, fluctuación del precio de los tokens y otros. Además, los acreedores podrían excluir del acuerdo a cualquier "persona con información privilegiada, afiliada o cliente" que pudiera haber tenido conocimiento de la mezcla y el uso indebido de los depósitos de los clientes y los fondos corporativos, o a aquellos que cambiaron su información KYC para facilitar las retiradas de fondos cuando éstas fueron paralizadas.

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