El reloj de los nueve meses que tienen de plazo las empresas de intercambio y compraventa de criptoactivos para registrarse en sendos listados del Banco de España (BdE) y del Sepblac comenzó a correr a inicios de mayo. El nuevo Real Decreto Ley 7/2021 obliga a estos negocios a apuntarse en el Registro de Plataformas de Proveedores de Servicios de Cambio en el BdE, fijar un representante ante el Sepblac y cumplir con la normativa en materia de prevención y blanqueo de capitales. Medidas, todas ellas, que acabarán favoreciendo al inversor en el bitcoin y en este tipo de activos.
Noticia relacionada
Se trata de una transposición de la quinta Directiva europea sobre blanqueo de capitales, aprobada el 19 de abril de 2018, conocida por sus siglas en inglés como AMLD5. Y a los proveedores de servicios de criptomonedas y custodia les confirma que pasan "a ser sujetos obligados”, señala Enrique Palacios COO de Onyze. Ya que todas aquellas empresas que estén ofreciendo servicios de adquisición o custodia de activos criptográficos, "deberán implementar sistemas de identificación de sus clientes, modelos de riesgo y seguimiento de operativa 'cripto', entre otras cosas”, explica por su parte Roberto Hernández, Corporate & Institutional Relationships de Onyze en una nota en el blog de la compañía.
Para los inversores en criptodivisas de España, este cambio legal implica que tendrán "más garantías de que las plataformas con las que interactúan pasan a tener que cumplir unos requisitos como cualquier otra entidad financiera en materia de blanqueo de capitales", agrega Palacios en declaraciones a Bolsamanía. Y la "identificación del cliente, del origen y destino de los fondos, ayudará a prevenir fraudes y a generar un clima de más confianza entre los inversores", añade. En cambio, "a efectos prácticos por la tipología del activo, al inversor no le cambia nada ya que seguirá siendo una inversión de riesgo", puntualiza el COO de la plataforma de custodia de criptoactivos.
Este paquete legal supone un paso más en la plena regulación del mercado de los criptoactivos que esperan por igual operadores, empresas de criptografía y entidades financieras tradicionales. No obstante, las condiciones óptimas no se alcanzarán hasta que llegue la normativa MiCA (markets in crypto-assets, en inglés) el año que viene, que será a la industria de las 'criptos' lo que la normativa Mifid 2 es a los mercados financieros tradiciones en términos de que "asegura un nivel de protección a los inversores", compara Palacios.
Está estimado que este avance normativo no llegue a España hasta el plazo de uno o dos años, per en Onyze subrayan que el real decreto aprobado a finales de abril ya contribuirá a "reducir el riesgo reputacional del sector". Y esto "mitigará el recelo de las finanzas institucionales a la hora de ofrecer entre sus inversiones alternativas la inversión criptomonedas" ya que tendrán "más garantías".
A nivel sectorial, el Real Decreto antiblaqueo también tendrá consecuencias ya que "obligará a cambiar los modelos de negocio de plataformas de compraventa que quieran ofrecer criptomonedas con seguridad a sus usuarios", augura Palacios. Muchas empresas que hasta ahora se negaban a implementar ningún tipo de control sobre sus clientes "se verán obligadas a implementarlo, ante el riesgo de ser penalizados y todo lo que esto conlleva para su negocio”, elabora por su parte Hernández desde el blog de Onyze.
El BdE y el Sepblac han establecido cuantiosas multas. Para quienes esquiven el registro del BdE las sanciones oscilan entre 150.000 y 10 millones de euros. Las empresas que eludan las obligaciones con la unidad antiblanqueo afrontarán penalizaciones de entre 60.000 y 5 millones de euros. La AML5 ya se ha cobrado víctimas en Europa como ha sido el caso del exchange holandés Bitkassa que ha tenido que cerrar por los costes que supone de registro y monitorización de su actividad.
Pese a que en la mayoría de regiones de la Unión Europea (UE) la transposición de Directiva europea es similar a la de España, Países Bajos ha sido uno de los países más severos a la hora de aplicar la normativa. Se espera que unas cincuenta empresas de criptomonedas neerlandesas paguen 1,7 millones de euros en concepto de honorarios por la supervisión del Banco Central de los Países Bajos a la que fuerza la legislación holandesa. La plataforma de compraventa de futuros y opciones, Deribit, trasladó sus operaciones a Panamá, y el pool de minería SimpleCoin cerró completamente, para evitar el cumplimiento de las nuevas reglas.
