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Un total de 8.246 empleados se han adscrito al ERE voluntario que acordaron CaixaBank con los representantes de los trabajadores, una cifra un 27,8% superior a las salidas voluntarias pactadas de 6.452 trabajadores, según han informado fuentes sindicales a Europa Press.
El pasado viernes, 30 de julio, fue el último día en el que los empleados pudieron apuntarse al proceso. A partir de este momento, CaixaBank estudiará las solicitudes e informará a las personas interesadas antes del 20 de septiembre. Además, dará cuenta a la comisión de seguimiento del volumen de peticiones y la distribución por provincias.
Asimismo, acabó el pasado viernes el periodo de inscripción para las 138 vacantes de la recolocación indirecta en empresas del grupo. Para este proceso ha recibido 1.581 solicitudes de 337 personas. La selección se está llevando a cabo por las propias filiales. En concreto, se habían abierto 52 plazas para el Building Center, 24 para CaixaBank Operational Services, 32 para CaixaBank Payments & Consumer, una para ImaginTech, cuatro para microbank y diez para VidaCaixa.
Los elegidos tras el proceso de selección de las empresas filiales pasarán a prestar sus servicios mediante excedencia especial de grupo, con garantía de retorno a voluntad de la persona trabajadora tras cinco años en la empresa del grupo. El plazo de ejecución de las medidas previstas en el acuerdo se extenderá, con carácter general, hasta el 31 de diciembre de 2022.
PROTOCOLO DE ADHESIÓN
El acuerdo pactado entre la entidad y los sindicatos establece un protocolo de adscripción en cinco fases, con el objetivo de garantizar la voluntariedad.
Tras identificar las áreas con más solicitudes que plazas, en una segunda fase CaixaBank podrá aceptar la adhesión por encima del excedente identificado, siempre que se pueda cubrir con traslados voluntarios solicitados por personal procedente de otras provincias o áreas, o bien con movilidad funcional entre servicios centrales distribuidos, direcciones territoriales y red dentro de un radio de 25 kilómetros.
Si esa movilidad produce un cambio sustancial de las condiciones de trabajo, el empleado tendrá derecho a optar por la extinción del contrato, de forma voluntaria, con la aplicación de condiciones del acuerdo pero sin primas. En las provincias o áreas con menos solicitudes se aplicará la movilidad funcional ordinaria y se ofertaran vacantes en centros inTouch ya existentes o de nueva creación y en centros Store.
Si tras todos los ajustes de la segunda fase todavía no se alcanza el número de excedentes de una provincia, se abrirá un nuevo proceso de adhesión en el último trimestre de 2021. Después, se dará la posibilidad de aceptar movilidades geográficas voluntarias que permitan la salida de personas a las que se hubiese denegado la solicitud por pertenecer a una provincia en la que había un excedente de peticionarios.
De no cubrir todavía el cupo, una cuarta fase pondrá en marcha un proceso de adscripción a inTouch existentes o se crearán nuevos para asignar a los trabajadores que fuesen necesarios. Igualmente, podrán adscribirse a determinados empleados a centros inTouch en régimen de teletrabajo. Si tras las medidas de las fases anteriores siguiera existiendo excedente de plantilla en la provincia o área de servicios centrales, se podrá aplicar la movilidad geográfica de hasta 75 kilómetros hasta el 30 de abril de 2023, con su correspondiente compensación.
La comisión de seguimiento se reunirá para evaluar caso por caso si existen medidas alternativas de flexibilidad interna que puedan ser aplicadas para dar solución al excedente no cubierto con las medidas ofertadas.
COMPENSACIÓN ECONÓMICA
El esquema de compensaciones para los empleados que dejen la entidad establece tres colectivos, en función de la edad. Los empleados de 63 años o más podrán salir del banco con una indemnización de 20 días por año trabajado y los de 54 años o más serán indemnizados con un 57% del salario fijo bruto anual hasta los 63 años (con convenio especial con la Seguridad Social hasta esa edad).
Las primas para los empleados de entre 54 y 63 años son 18.000 euros brutos para los nacidos en 1964 o anteriores, de 23.000 euros brutos para los nacidos en 1965 y de 28.000 euros brutos para los nacidos entre 1966 y 1967. Este grupo tendrá descuento de la prestación mínima bruta por desempleo y mantendrá las aportaciones al plan de pensiones de la empresa y la póliza privada de salud.
Los empleados de 52 y 53 años recibirán siete anualidades del 57% del salario fijo bruto anual repartidas hasta los 63 años (con convenio especial con la Seguridad Social hasta esa edad). Se les abonará una prima adicional de 38.000 euros brutos, descontando la prestación mínima bruta por desempleo.
Los trabajadores de menor edad, y los que tienen una antigüedad en la empresa inferior a seis años, obtendrán un pago de 40 días del salario fijo bruto por año trabajado, con un límite de 36 mensualidades, y una prima (23.000 euros para empleados con más de seis años de antigüedad y 13.000 euros para empleados con menor antigüedad).
