El Panel de Apelación de la Junta Única de Resolución europea (JUR), que intervino el Banco Popular y lo vendió por un euro al Santander en junio de 2017, ha concluido que no hay ningún documento que acredite una oferta de la entidad que preside Ana Botín antes de dicha resolución. Asimismo, no toma ninguna medida contra Elke König, anterior presidenta de este organismo, por las filtraciones a Bloomberg y Reuters que aceleraron el desplome de la acción y la fuga de liquidez que provocó el fin del Popular.
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Así lo asegura en una respuesta a una solicitud de acceso a documentos planteada por el despacho español B. Cremades & Asociados. Este bufete solicitaba unas supuestas cartas enviadas por el Santander en abril y mayo de 2017 en las que plantearía la adquisición del Popular e incluso incluiría una oferta previa a la realizada la noche del 7 de junio de ese año (el famoso euro más la absorción de pérdidas e inyección de liquidez).
El Panel de Apelación responde que no existen esas cartas o que, de existir, nunca fueron recibidas por la JUR. Cremades sostiene que es posible que sí estén en poder del FROB (el fondo público de rescate español, a través del que se ejecutó la resolución del Popular).
Como han reconocido distintos protagonistas de los acontecimientos, el entonces presidente del Popular, Emilio Saracho, encargó a Lazard y JP Morgan una subasta privada del banco el 5 de mayo de 2017, pero ningún gran banco español ofreció un precio positivo una vez descontado el riesgo de litigios por la ampliación de capital del año anterior (que se investiga actualmente en la Audiencia Nacional). Algunas fuentes sostienen que el Santander llegó a plantearse hacer una oferta positiva por una cantidad simbólica, pero no llegó a plantearla a la vista de que la resolución era inevitable y que, en esa circunstancia, podría quedarse la entidad gratis.
EL PANEL DE APELACIÓN SALVA A KÖNIG POR LAS FILTRACIONES
El órgano de apelación también se pronuncia sobre la solicitud de B. Cremades de acceso a las investigaciones realizadas por las filtraciones de Elke König, entonces presidenta de la JUR, a Reuters y Bloomberg TV sobre que Banco Popular estaba en el radar del organismo encargado de intervenir los principales bancos europeos en caso de inviabilidad. Respecto a la entrevista en Bloomberg TV el 23 de mayo, en la que citó expresamente al Popular, el Panel asegura que no se llevó a cabo ninguna investigación y, por tanto, no existe documentación a la que acceder.
Lo de Reuters fue un caso distinto. La agencia publicó una noticia del 31 de mayo en la que decía que la JUR había emitido una alerta temprana sobre Popular para que el resto de instituciones comunitarias estuvieran preparadas para una posible resolución si no encontraba un comprador. Pero Reuters no citaba como fuente a König, sino a un "alto cargo europeo". La JUR no desmintió oficialmente que la fuente fuera su presidente, pero la Comisión aseguró que no fue informada (luego la información no pudo salir de ningún organismo europeo salvo la JUR).
Aquí el Panel sí da la razón al bufete español y le concede acceso a dos correos del equipo de compliance de la JUR del 10 y 18 de julio de ese año. En ellos, "se arrojan dudas sobre la fiabilidad de las citas de un alto cargo comunitario mencionadas en el artículo de Reuters, se especifican las reglas y prácticas internas en vigor para evitar las filtraciones y se concluye que el artículo de Reuters no ofrecía suficientes elementos para concluir que los controles existentes no funcionaron adecuadamente, ni suficiente base para seguir investigando el asunto". Es decir, también salvan a König.