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El juicio contra Banco Santander por el fichaje fallido de Andrea Orcel como consejero delegado de la entidad ha vuelto a aplazarse hasta nuevo aviso. Ha ocurrido después de que resultase imposible que el presidente de UBS, Axel Weber, y el director global de Compensaciones de UBS, Mark Shelton, declarasen por videoconferencia, como estaba previsto.
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La vista oral dio comienzo el pasado 19 de mayo en los Juzgados de Plaza Castilla, y allí testificó la presidenta del Santander, Ana Botín, en calidad de representante del banco. Weber y Shelton no acudieron entonces a la cita, alegando causas médicas por la pandemia del coronavirus, y el juez suspendió la vista para que otro día pudiesen declarar todos los testigos que habían sido citados.
Finalmente, el tribunal permitió que los testigos residentes en Suiza declarasen por videoconferencia y fijó el 17 de junio como nueva fecha para la vista oral. Debían declarar entonces, además del presidente y del director global de Compensaciones de UBS, el exdirector de Recursos Humanos del Santander, Roberto di Bernardini, y el secretario general y del consejo del banco español, Jaime Pérez Renovales.
Sin embargo, este viernes el juzgado de Primera Instancia número 46 de Madrid ha suspendido la vista, "después de que se constatara que no es posible celebrar las pruebas testificales que estaban previstas a través de videoconferencia", ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que próximamente informará de la nueva fecha de celebración de la vista oral.
El banquero italiano Andrea Orcel, procedente de UBS, demandó a Banco Santander hace casi dos años por dar marcha atrás en su fichaje como consejero delegado del banco español. Tras haber sido recientemente nombrado consejero delegado de UniCredit, Orcel ha renunciado a exigir el cumplimiento del contrato y ha rebajado la indemnización que reclama al Santander por daños y perjuicios desde los 112 millones que pedía inicialmente hasta una cifra de 76 millones de euros.
Orcel pide al banco que le pague 17 millones de prima de incorporación, 29 millones por la parte del bonus diferido que estaba pendiente de percibir en UBS y que Santander podía haber asumido ('buy out'), 20 millones correspondientes al sueldo que iba a cobrar en Santander durante dos años y 10 millones de euros por daños morales y reputacionales.
Desde Banco Santander defienden que la carta de oferta no era un contrato. El banco sostiene que el contrato nunca se formalizó y que solo se trató de una carta con las condiciones de la oferta, pues estaba sujeto a la aprobación del consejo de administración, de la junta de accionistas y de la evaluación de idoneidad del BCE. El juez deberá dirimir si la carta de oferta era o no un contrato válido.
