¿Por qué el Gobierno solo "liberó" ayer 20.000 millones para avalar créditos a empresas en dificultades si había prometido 100.000? La explicación es que el Ejecutivo se guarda un as en la manga: podrá modificar las condiciones en los 80.000 millones restantes si lo considera necesario. Es decir, podrá reducir el porcentaje avalado por debajo del 80% (en el caso de las pymes) de los primeros 20.000.
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La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, aseguró el martes en rueda de prensa que los 80.000 millones restantes se liberarán "automáticamente" en cuanto se agoten los 20.000 iniciales. Entonces, parecería más lógico poner directamente en el mercado los 100.000 en vez de ir haciendo renovaciones automáticas; y si una parte no se consume, pues eso que se ahorra el Estado. La respuesta es la facultad para rebajar el porcentaje avalado.
La propia Montero reconoció tras el Consejo de Ministros que "queremos ver también cómo se comporta este mecanismo, de manera que si hubiera que ajustar alguno de los criterios que hoy se han aprobado (80% para las pymes y autónomos y 70% para el resto), si en algún momento, por la demanda o por la situación del mercado, consideramos que tiene que tener algún tipo de ajuste, estaremos en condiciones de poder abordarlo". Fuentes de Economía confirman que "las condiciones no tienen por qué variar, pero te dejas flexibilidad por si es necesario ajustarlas".
Como adelantó Bolsamanía, Bruselas presionaba desde hace dos semanas al Ejecutivo español para que ofreciera garantías del 80%, similares a las otorgadas en Reino Unido, Alemania o Francia. La banca se unió a esta presión, así como organizaciones empresariales y de autónomos, que incluso solicitaron un aval del 100%. Sin embargo, Moncloa se negaba a ir más allá del 50%, sabedora de que la inmensa mayoría de estos préstamos acabarán en mora dada la situación creada por el estado de alarma, con un coste enorme para las arcas públicas.
EL GOBIERNO ACEPTA EL 80%, PERO CON VÍA DE ESCAPE
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Finalmente, la presión exterior y el drama que se avecinaba para el empleo si se mantenía en sus trece torcieron el brazo del Gobierno y aceptó irse hasta el 80%, si bien solo para pymes y autónomos; para el resto de empresas (a las que destina nada menos que la mitad de los avales), solo cubrirá el 70% de los créditos nuevos y el 60% de las líneas ya existentes que se renueven. Y además, se reserva la facultad de poder acercarse más al 50% de aval en el grueso del dinero, los 80.000 millones citados.
Otras condiciones restrictivas para acceder a estas líneas son que el cliente no debía estar en mora con su banco antes del 31 de diciembre ni en concurso de acreedores antes del 17 de marzo, lo que deja fuera a las pymes y autónomos de mayor riesgo (y los que más necesitan la liquidez). Tampoco incluyen operaciones formalizadas antes del 18 de marzo; si alguien quiere que su crédito actual se beneficie de la garantía estatal, deberá pasar por el notario para hacer una novación con el coste correspondiente.
No se establece un tipo de interés único para estos créditos, si bien "las entidades financieras se comprometen a mantener los costes de los nuevos préstamos y de las renovaciones que se beneficien de estos avales en línea con los costes aplicados antes del inicio de la crisis del COVID-19". Por último, el Gobierno endosa a los bancos el coste de la constitución de los avales, que estima entre 20 y 120 puntos básicos (que muy probablemente acabará pagando el cliente).
