Tras la esperadísima decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre el Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH) la vida sigue igual. O casi. Sobre todo para los bancos, que han sorteado un posible impacto negativo muy alto y aún no se ven en la necesidad de realizar provisiones específicas para cubrir el coste de la litigiosidad derivada del IRPH. Estaban esperando al fallo para comprobar si eran necesarias provisiones y ahora que lo tienen en la mano van a continuar con la misma estrategia. El IRPH será juzgado caso a caso, por lo que la batalla por la defensa de este índice no está perdida.
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Los bancos han ido informando periódicamente de su exposición a este índice, es decir, de los importes que les quedan pendientes de pago por hipotecas referenciadas al IRPH, que en el conjunto de las grandes entidades asciende a unos 18.800 millones de euros actualmente.
CaixaBank es la entidad más expuesta, con unos 6.060 millones de euros al cierre del pasado año, seguida por Santander (4.300 millones), BBVA (2.800 millones), Bankia (1.300 millones) y Sabadell (751 millones). Bankinter es la única de los grandes que no comercializó préstamos hipotecarios indexados a este índice.
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La situación que deja la decisión del TJUE es parecida a la que quedó tras el dictamen del Abogado General del pasado mes de septiembre, es decir, de incertidumbre, por lo que ninguna entidad se atreve a realizar provisiones por el impacto negativo que puedan suponer las sentencias negativas que reciban de los tribunales españoles.
EL AVISO DEL BANCO DE ESPAÑA
Y eso que el Banco de España, que siempre ha defendido el uso de este índice y que lo incluye entre los tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario, nunca ha forzado a las entidades a dotar provisiones por un fallo negativo del TJUE, pero sí les animó hace meses a sopesar en qué medida les afectaría.
En uno de sus Informes de Estabilidad Financiera, el supervisor afirmaba que el pronunciamiento del TJUE podría conllevar un aumento de las demandas contra los bancos, lo cual “exige de estas entidades una apropiada medición del posible impacto contingente y medidas de gestión y prevención adecuadas”.