VITORIA, 16 (EUROPA PRESS)
Representantes de PNV, EH Bildu y Elkarrekin Podemos en las Juntas de Álava y en el Ayuntamiento de Vitoria han reclamado que se respeten los derechos de las personas privadas de libertad, se adopten medidas "específicas y urgentes en las cárceles y se busquen alternativas a la privación de la libertad".
En el manifiesto, suscrito por los portavoces de PNV, EH Bildu y Elkarrekin Araba en las Juntas Generales del Territorio y por EH Bildu y Elkarrekin Gasteiz en el Ayuntamiento de Vitoria, se insta al Gobierno de España a proceder a la excarcelación de las personas presas, especialmente aquellas más vulnerables ante el covid-19, la excarcelación de aquellas personas que ya han cumplido tres cuartas partes de la condena, así como la adopción de medidas para retomar las comunicaciones presenciales con el inicio de la desescalada como es el acercamiento geográfico.
Tras señalar que la crisis sanitaria generada por la pandemia del covid-19 está teniendo "un impacto muy fuerte sobre las personas en prisión", han destacado que "importantes organismos internacionales urgen a adoptar medidas específicas sobre las cárceles".
"Todas ellas inciden en la necesidad de adoptar alternativas a la privación de libertad, incluida la excarcelación de personas presas, así como garantizar la atención médica adecuada a las necesidades específicas, sobre todo a grupos vulnerables o de riesgo: grupos de edad avanzada y grupos con patologías previas", han añadido.
Los firmantes del manifiesto se muestran "conocedores de que se han anunciado por parte del Ministerio de Interior medidas dirigidas a parar los contagios y evitar la propagación del virus", pero defienden que es "absolutamente prioritaria la adopción de medidas más exigentes para que las personas presas puedan permanecer en espacios más salubres y en condiciones de atención y cuidado más profilácticas y sanitariamente más adecuadas que las que la prisión les depara".
Por todo ello, los grupos políticos firmantes del manifiesto solicitan que se adopte las oportunas medidas de excarcelación de personas presas, en especial de quienes presenten especial vulnerabilidad ante el covid-19, "concretamente internos que presenten patologías previas serias, crónicas o agravadas por la edad -mayores de 65 años-, por conformar grupos de riesgo ante el contagio de la pandemia".
Asimismo, reclaman que se adopte medidas, "sin excepcionalidad de ningún tipo derivado de la tipología o gravedad del delito", para la excarcelación de personas presas que hayan cumplido las 3/4 partes de la condena, no presenten alto riesgo de reincidencia o presenten pronóstico favorable de reinserción social, con recursos familiares o de su entorno social próximo, para someterse al confinamiento en los mismos términos que el resto de la sociedad.
También piden que se garanticen la coordinación entre Sanidad, Justicia e Interior para generalizar medidas de protección, examen de síntomas preventivo y diagnóstico rápido de personas en prisión, derivando inmediatamente a centros hospitalarios de la red pública a quienes presenten síntomas o den positivo.
"Mientras dure la crisis sanitaria que se garantice el derecho a la información a las personas presas, ofreciendo conocimiento actualizado y accesible del desarrollo de la pandemia y de las medidas adoptadas, a nivel general y, en particular, dentro de las prisiones, para prevenir y contener su propagación", han solicitado, al tiempo que reclaman que se extienda la comunicación no presencial entre internos y familiares, con gratuidad de llamadas telefónicas, y ampliándose el recurso a las videollamadas.
Por último, han solicitado al gobierno que, cuando se comience la desescalada, se tenga igualmente en cuenta a las personas privadas de libertad y se aceleren las decisiones encaminadas a que las personas presas retomen las comunicaciones directas con sus familias y abogados.
"En ese sentido, se deben dar los pasos necesarios para proceder al acercamiento generalizado a prisiones cercanas a sus domicilios de todos los presos que así lo soliciten, ya que supone un impedimento añadido para la normalización de las comunicaciones de los internos", han añadido.