Después de la declaración unilateral de independencia del 27 de octubre y de la aplicación, el mismo día, del artículo 155 de la Constitución, los partidos independentistas recuperaron la mayoría absoluta a pesar de la victoria de Inés Arrimadas (Ciudadanos) en las elecciones del 21 de diciembre.
El 17 de enero quedó constituido el Parlament de Cataluña y echó a andar la XII Legislatura. La Cámara está presidida por el republicano Roger Torrent y la Mesa, máximo organismo de la institución, tiene mayoría independentista. Pero los problemas no acabaron aquí. De hecho, dio inicio un periplo que se inició con el primer intento de llevar a cabo la investidura telemática del candidato de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, que no pudo llevarse a cabo.
Después de Puigdemont, la mayoría independentista trató de investir a los diputados Jordi Sánchez y Jordi Turull. El primero, encarcelado en Soto del Real desde el 17 de octubre de 2017, tuvo dos intentos que fueron aplazados por la negativa del magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, a concederle un permiso penitenciario. El segundo pudo acudir a la primera vuelta de su investidura, aunque no se hizo con la mayoría absoluta de diputados. Antes de que se pudiera celebrar la segunda ronda de votaciones, Llarena volvió a decretar prisión preventiva para Turull.
El reloj de unas nuevas elecciones empezó a correr y el nuevo president de la Generalitat debía ser elegido antes del 22 de mayo. Quim Torra fue el elegido para el cargo, designado por Puigdemont, y fue investido el lunes 14 de mayo gracias a la abstención de la CUP. El nuevo 'president' anunció el 19 de mayo a los consejeros de su Ejecutivo, entre los que se repiten dos consellers en la cárcel y dos en el extranjero.
Por ello, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tras pactar con Pedro Sánchez (PSOE) y Albert Rivera (Ciudadanos), ha decidido mantener la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña.
Zoido, sobre la malversación el 1-O: "Hacienda tiene unos datos, la Guardia Civil, otros; quien lo valora es el juez"
El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha evitado este jueves valorar si se incurrió en un delito de malversación en el gasto generado por la Generalitat de Cataluña para la celebración del referéndum del 1 de octubre. "No cabe la menor duda de que Hacienda tiene unos datos, la Guardia Civil también tiene otros y, al final, la autoridad judicial valorará cómo y desde dónde se han pagado algunas partidas del referéndum", ha comentado Zoido a preguntas de la prensa en el Senado, donde ha participado en un foro parlamentario hispano-marroquí.
Zoido ha respondido con un escueto "no" al ser preguntado si el informe de la Guardia Civil remitido al Supremo desacredita al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que mantiene que no se usó dinero público para el 1-O.
ERC niega malversación en el 1-O y dice que los dos millones que hubo fueron "votantes"
ERC ha negado este jueves que se produjera un delito de malversación con el referéndum del 1 de octubre y ha defendido la trascendencia de aquella votación expresando el "orgullo republicano" de haber impulsado, participado y defendido la consulta.
Lo ha dicho en rueda de prensa el diputado de ERC en el Parlament Ernest Maragall, después de que haya trascendido un informe de la Guardia Civil que apunta a que se dedicaron casi dos millones de euros de dinero público a través de subvenciones del grupo parlamentario de JxSí. La única cifra que se puede acreditar aquel 1 de octubre es que hubo "dos millones de votantes" y no dos millones de euros de dinero malversados, ha asegurado.
Vox no descarta acciones penales contra Montoro si no demuestra ante el juez que no hubo malversación el 1-O
El partido político Vox, que ejerce la acusación popular en la causa que investiga el Tribunal Supremo por la deriva soberanista en Cataluña, ha anunciado este jueves que no descarta pedir al magistrado que la instruye, Pablo Llarena, la citación en calidad de testigo del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, así como tampoco emprender acciones penales en su contra si no consigue demostrar que no se usó dinero público para la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre.
Valls dice que Alemania no tiene otra "solución" que entregar a Puigdemont y respetar lo que pide la Justicia española
El exprimer ministro francés Manuel Valls ha asegurado este jueves que la justicia alemana no tiene otra "solución" que entregar a España al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont para que sea juzgado por los tribunales españoles. Aunque ha dicho que no se iba a "meter en el tema de la rebelión", ha indicado que se debe tratar este "problema de Puigdemont" desde el "respeto al Estado de Derecho español y a lo que hoy pide la Justicia española".
"El proyecto independentista es un callejón sin salida. No hay posibilidad de romper la unidad de España. Y Europa tiene que respetar a España", ha declarado Valls durante una conferencia-coloquio, un acto que ha presentado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y al que ha asistido también el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera.
La Guardia Civil apunta pagos para el 1-O camuflados en gastos gestionados por Ómnium y Junts per Sí
La Guardia Civil apunta que la Generalitat realizó pagos destinados al referéndum ilegal del 1-O camuflados en distintos gastos que fueron gestionados por la asociación civil independentista Ómnium (61.879 euros ) y por la coalición en el Gobierno Junts per Sí (17.690,20 euros), según se desprende del informe remitido al magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que investiga la causa del 'procés' soberanista por delitos de rebelión, desobediencia y malversación de fondos públicos.
El informe, de fecha del pasado 27 de marzo y al que ha tenido acceso Europa Press, obra en la pieza separada sobre la malversación en el 'procés' cuyo secreto fue levantado este miércoles y detalla que la Generalitat, a través de Secretario de Difusión y Atención Ciudadana del Departamento de Presidencia de la Generalitat, utilizó Ómnium Cultural "como sociedad interpuesta" para realizar labores relacionadas con la solicitud a empresas de artes gráficas y distribución de carteles propagandísticos en los que se llamaba a la población a votar.
El Gobierno decidirá este viernes las medidas a adoptar tras el acto de Puig en la sede de la Generalitat en Bruselas
El ministro de Asuntos de Exteriores y Cooperación, Alfonso Dastis, ha admitido este jueves que el Gobierno decidirá las medidas a adoptar tras el acto del exconseller catalán Lluís Puig en la sede de la Delegación de la Generalitat de Cataluña en Bruselas en la tarde del miércoles.
Esta sede es la única delegación de la Generalitat en el exterior que el Gobierno español ha mantenido abierta tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Dastis calificó lo ocurrido de "incidente desagradable" para añadir, en declaraciones a los medios, que se adoptarán las medidas pertinentes en el Consejo de Ministros del viernes.
Levy pide "verificar" que la Generalitat "no engañó al Gobierno" con la financiación del 'procés'
La vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, considera que "habría que verificar que la Generalitat no ha engañado al Gobierno" en la financiación del proceso soberanista, ya que "el dinero tuvo que salir de algún sitio", aunque el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, asegure que no se destinó "ni un euro" de dinero público a cuestiones como el referéndum ilegal del 1 de octubre.
La investigación de Llarena acredita una malversación de casi 2 millones de euros en el 'procés'
La investigación del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena sobre el uso de fondos públicos en el 'procés' catalán acredita una malversación de 1.915.067, 22 euros, según se desprende de los informes de la Guardia Civil tras levantarse el secreto de la pieza de la investigación.
Así lo ha informado después de la medianoche VOX, personado como acusación popular en el procedimiento que instruye el magistrado del TS contra los presuntos responsables de rebelión y malversación por el 'procés' soberanista en Cataluña.
