SEVILLA, 4 (EUROPA PRESS)
La coordinadora general de Podemos Andalucía y presidenta del Grupo Parlamentario Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, ha anunciado esta lunes que su formación se ha dirigido con sendos escritos a la Fiscalía de Menores y al Defensor del Pueblo Andaluz instándoles a actuar contra un posible delito de odio del artículo 510 del Código Penal, a cuenta del acto que ha protagonizado la presidenta de Vox Madrid, Rocío Monasterio, en esta misma jornada a las puertas de un centro de atención a menores extranjeros no acompañados (MENA) de la capital hispalense.
Así lo ha avanzado Teresa Rodríguez en Sevilla, en un acto de campaña de Unidas Podemos en el que ha participado junto al líder nacional de IU, Alberto Garzón; su homólogo en Andalucía, Toni Valero; y los candidatos de Unidas Podemos al Congreso por la provincia de Sevilla María Márquez, Isabel Franco y Miguel Ángel Bustamante.
La líder andaluza de Podemos ha criticado que "no puede haber mayor cobardía y crueldad" que "enfrentarse a un niño que vive solo", de modo que ha exigido a Vox "que saque sus manos de nuestros niños y nuestras niñas". Además, ha rechazado que se hable de MENA en lugar de menores extranjeros no acompañados "porque así se nos olvidan que son niños solos y no puede haber más cobardía que el que se enfrenta a un niño que vive solo" que, además, están bajo la tutela de la Junta, "del pueblo andaluz, son nuestros niños y niñas".
Ha celebrado que las vecinos del barrio de la Macarena "han dado una lección" a Monasterio porque la han parado para decirle que no tenían ningún problema con los niños", por lo que la dirigente de Vox, a su juicio, "ha hecho el ridículo", apuntando además que "el único vecino de la Macarena que se tiene que ir del barrio es Queipo de Llano"
EL ESCRITO
El escrito presentado por Podemos Andalucía detalla que las declaraciones realizadas por la dirigente de Vox a las puertas del centro de menores de la calle Polancos constituyen "una clara incitación al odio y resultan especialmente contrarias al derecho a la libre formación de la personalidad de los menores, consagrado en el artículo 10 de la Constitución Española". A su entender, la exposición pública del lugar en el que están alojadas estas personas menores de edad supone "un perjuicio grave a su tratamiento social y pone en peligro su correcta socialización, promoviendo el rechazo del entorno en el que se sitúan".
En este sentido, para la formación que dirige Rodríguez, los actos protagonizados por Monasterio junto a la candidata sevillana de Vox a las elecciones, "presentan un claro contenido racista y xenófobo siendo el único motivo una cuestión racial". "Presentan a la inmigración como un problema vinculado a la delincuencia y, especialmente, atribuyen a los menores acogidos en el citado centro un falso incremento de la delincuencia en la zona de Sevilla en la que se ubica", censura.
Podemos señala que estas declaraciones "vienen a perjudicar gravemente las posibilidades de integración social de los menores tutelados de la Junta de Andalucía acogidos en el citado centro".
Para concluir, el documento presentado ante la Defensoría del Pueblo solicita a esta institución que exija al partido Vox el cese inmediato de los hechos descritos y a abstenerse en el futuro de acciones que, en el marco de la campaña electoral, o fuera de ella, "puedan dañar los derechos a la integridad moral y al libre desarrollo de la personalidad de los menores inmigrantes bajo la tutela de la Junta".
Asimismo, pide la supervisión y corrección, en su caso, de las actuaciones realizadas por la Junta de Andalucía "para evitar esta situación" y solicite los informes a la titular de la Consejería de Igualdad, al objeto de que diga qué acciones que han llevado a cabo para evitar este tipo de actuaciones "que vulneran los derechos fundamentales de los menores, ya que su actuación ante los hechos de esta mañana ha sido claramente insuficiente".
En el caso de la Fiscalía de Menor, el escrito remitido por Podemos Andalucía expone que las expresiones de la parlamentaria de Vox podrían ser podrían ser constitutivas de un delito de odio del artículo 510 del Código Penal y se solicita la apertura de diligencias para que se investiguen los mismos y se tomen las medidas necesarias "para el cese de las acciones que violentan la seguridad de los menores".