MADRID, 9 (EUROPA PRESS)
Este domingo 10 de noviembre será la segunda ocasión en la que 100.000 españoles podrán ejercer el derecho a voto en unas elecciones generales. Se trata de ciudadanos con discapacidad intelectual o enfermedad mental incapacitados judicialmente que tenían vetado el derecho a sufragio hasta la reforma en la pasada Legislatura de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). "Un gran paso" al que ahora piden acompañar con avances en la señalización de los colegios electorales, el acompañamiento o la lectura fácil.
"España era el único país que no estaba permitido votar y lo hemos conseguido", celebra el zaragozano Paco Monteagudo, que a sus 51 años se estrenó en las urnas el pasado mes de abril por una incapacitación que no le impide trabajar y optar a la presidencia del Comité de Empresa de su centro laboral, como relata a Europa Press.
Tampoco le ha impedido participar en la primera asociación creada por personas con discapacidad intelectual de toda España, 'Los que no se rinden', en la que Paco sigue trabajando por lograr objetivos como la inclusión laboral, algo que sería "otro paso de gigante", señala.
Su paisana Virginia Gil, de 34 años, también tiene discapacidad intelectual, pero siempre ha podido votar al no estar incapacitada judicialmente. Incluso fue vocal en una mesa electoral en 2013. "Fue un ejemplo a seguir que una persona estuviera en una mesa electoral porque demuestra que estamos capacitados y se puede integrar", explica a Europa Press.
Virginia, con su derecho a voto intacto, no comprendía la restricción a otras personas con discapacidad. "Se me hacía raro porque había gente que se sentía capaz de hacerlo, era una cosa extraña", asegura.
Ahora cree que los partidos son más receptivos a sus demandas, porque tras el derecho a sufragio, las personas con discapacidad reclaman mejoras en las campañas y colegios electorales para votar en igualdad de condiciones.
Virginia enumera esas cuestiones pendientes: comunicación alternativa, apoyos suficientes para personas con necesidades especiales o dificultades de audición, "lenguaje con explicaciones más sencillas" y mejor señalización en los puntos de votación.
UN MILLAR DE COLEGIOS ADAPTADOS
Como reclama Virgnia, más 1.047 colegios electorales de Aragón, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Región de Murcia, Navarra y de la ciudad autónoma de Melilla contarán en estas elecciones generales con señales que harán estos espacios más fáciles de entender para las personas con discapacidad intelectual.
Para Plena Inclusión, contar con más de un millar de colegios electorales adaptados constituye un "logro", hasta hace poco "impensable". La confederación de 925 asociaciones ha sido la principal impulsora de esta experiencia que se desarrolla de forma experimental en localidades de seis comunidades y una ciudad autónoma. En Extremadura (900) y Melilla (23), la iniciativa cubrirá todos los colegios electorales.
En este sentido, la organización ha detallado que la señalización consta de 16 imágenes con las que se identifica el colegio electoral en el exterior y se orienta a las personas votantes hacia el acceso. Después, una vez en el interior, se las dirige a hacia la cabina electoral y la mesa de votaciones.
Una experiencia que se ha exportado al resto de las comunidades autónomas, nació de la colaboración entre Plena inclusión Extremadura, la Delegación del Gobierno y la Junta de Extremadura a través de La Oficina de Accesibilidad Cognitiva de Extremadura (OACEX).