El Homrani alerta de que ve el sistema "muy tensionado" y ve baja la aportación estatal
BARCELONA, 30 (EUROPA PRESS)
La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social en funciones, Maria Luisa Carcedo, ha explicado este miércoles que el Sistema de Atención a la Dependencia tiene más de 1,1 millones de beneficiarios que reciben 1,4 millones de prestaciones, y ha señalado que la prioridad es reducir las personas que esperan recibir esta atención.
Lo ha dicho al clausurar el VII Congreso Internacional Dependencia y Calidad de Vida, celebrado en Barcelona desde este martes organizado por la Fundación Edad y Vida, en un acto en el que también ha intervenido el conseller de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat, Chakir el Homrani.
Carcedo ha señalado que queda por desarrollar la prestación económica del asistente personal, que son "plenamente conscientes que es necesario regular", ya que ayudará a que las personas dependientes o con discapacidad sean libres de decidir sobre su asistencia, y tras un análisis previo junto a las Comunidades Autónomas, crean un grupo de trabajo que cumplirá lo que es un mandato de la Ley de autonomía personal.
"España es uno de los países que mejor protege a sus mayores", ha defendido la ministra, que ha señalado que la sociedad española se enfrenta a enormes desafíos ante el envejecimiento de la población y las necesidades cada vez más diversas.
Ha remarcado que el aumento de la esperanza de vida, que sitúa a España a la cabeza solo por detrás de Japón, es fruto del éxito social hasta la fecha, sobre todo por las políticas de bienestar impulsadas durante la democracia, y ha visto "un margen de mejora muy importante" en lograr una buena calidad de vida, para lo que apuesta por replantearse el modelo de servicios.
Ha dicho que comparte la visión de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que llama a sumar vida a los años, además de años a la vida, para lo que ve necesario una optimización de los servicios.
El Homrani ha apuntado que la Generalitat acabará este año con una inversión de 1.550 millones de euros en Dependencia, y ha lamentado que en 2018, frente a los 1.488 millones de euros que puso el Govern, el Gobierno central solo aportó 172 millones: "El sistema está muy, muy, muy tensionado, y no nos lo podemos permitir".
Ha visto como una asignatura pendiente evaluar el sistema en lo referente a su calidad de servicios, capacidad y en cómo es capaz de "respetar el derecho a decidir cómo se envejece, de no dar respuestas institucionalizadoras", y ha admitido que a menudo hay normativas poco sensibles.
DOLORS BASSA
"El envejecimiento no es ningún problema, no es ni un reto, es un éxito de nuestra sociedad", ha remarcado, y ha recordado que el Govern trabaja en la futura Ley catalana de adaptación de la sociedad al envejecimiento, que tendrá entre sus líneas generales la prevención, el envejecimiento activo, un enfoque comunitario y de no segregación y el acompañamiento, y ha recordado que la exconsellera Dolors Bassa fue impulsora.
En su intervención, ha recordado que Bassa --actualmente en la cárcel por el 1-O-- estuvo presente en un congreso de Edad y Vida hace dos años, y ha dicho que más allá de las razones por las que está en la prisión, "no soluciona ningún problema que esté encarcelada", lo que ha levantado aplausos entre los asistentes.
Ha abierto el acto el presidente de la Fundación Edad y Vida, Joaquim Borrás, que ha destacado que el congreso ha abordado temas como experiencias de atención integrada y la necesidad de flexibilizar los servicios, mientras que la comisionada de Acción Social del Ayuntamiento de Barcelona, Sònia Fuertes, ha constatado que la mayoría de los ancianos quieren estar en casa.
Fuertes ha llamado a dignificar el acompañamiento a ancianos, mientras que la coordinadora de Cohesión Social, Ciudadanía y Bienestar de la Diputación de Barcelona, Teresa Llorens, ha puesto en valor el papel de los municipios en la atención sociosanitaria, y ha dicho que son "fuentes de conocimiento" a tener en cuenta por su proximidad.