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El juez comenzó a sospechar que Antonio Béjar, expresidente de Distrito Castellana Norte (DCN) y exdirectivo de BBVA, estaba implicado en el caso Villarejo hace algunos meses, cuando llegó al juzgado una carta anónima en la que se alertaba al magistrado de la destrucción de discos duros con información del banco por parte de la empresa encargada de ejecutar la Operación Chamartín a través de una compañía externa.
El pasado verano, sorprendía la noticia de que DCN había destruido nueve kilos de discos duros y CD con información coincidiendo con el desarrollo de la instrucción del caso que investiga la relación entre BBVA y Grupo Cenyt, la empresa de José Manuel Villarejo, y tan solo días antes de que Béjar fuera imputado junto con otros exdirectivos de la entidad.
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Sin embargo, de esta circunstancia tanto el juez como los fiscales no se enteraron hasta mediados de julio, cuando la situación procesal de Béjar era ya la de un imputado.
Lo hicieron gracias a esta misiva, que aterrizó en la Audiencia Nacional el 17 de julio del año pasado, que no llevaba remitente y que iba acompañada de un certificado de destrucción de información confidencial emitido por la firma Normadat. En ella, se manifestaba que se habían destruido, por petición de DCN, discos duros y CD con información que no correspondía a esta empresa, sino a BBVA.
En la carta también se advertía de que la persona que presuntamente entregó a Normadat los discos y CD que debía destruir era Juan Pablo Oceja Fernández, que falleció casi un año antes. “Difícilmente ha podido ser la persona que ha realizado la entrega a la empresa Normadat para destruir este material”, advertía la misiva anónima, que añadía que al menos uno de los informáticos de DCN conocía “el verdadero contenido del material destruido, relacionado con el BBVA”.
Tras analizar esta carta, la Fiscalía Anticorrupción se tomó en serio su contenido, a pesar de tratarse de una misiva anónima, pues consideró que algunos de los hechos que indicaba habían sido corroborados o lo podían ser por medio de pesquisas policiales. Por ello, remitió al juez un escrito en el que consideraba “razonable” realizar un “juicio apriorístico” acerca de la vinculación entre la destrucción de material informático y la “eventual destrucción de pruebas que pudiera haber llevado a cabo uno de los investigados en el presente procedimiento, Antonio J. Béjar”.
MOTIVO DE ALERTA
Respecto al fallecido, los fiscales creían que solamente esta circunstancia ya era motivo de alerta “sobre la existencia de una seria irregularidad en el encargo de destrucción del material informático” de DCN.
La sospecha de la Fiscalía se fue fraguando según iba atando cabos. Entre ellos, se dio cuenta de que Julio Corrochano, exresponsable de Seguridad de BBVA, al que se apunta como enlace entre Villarejo y el banco, había declarado en el marco de la investigación interna de la entidad que Béjar era responsable de los contratos de recuperaciones de patrimonio y que de la documentación del sumario se extraía que el exdirectivo se podría haber reunido con responsables de Grupo Cenyt.
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El juez coincidió con su diagnóstico, pues en un auto fechado el 18 de julio del año pasado, se adhirió a las conclusiones de la Fiscalía Anticorrupción e indicó que la fecha de la destrucción de las documentación por parte de DCN era “sospechosamente coincidente” con un “hito procesal”.
Concretamente, coincidía con uno de los días en los que BBVA había enviado información al juez sobre las personas encargadas de abonar las facturas a Cenyt en nombre del banco.
El conocimiento de estos datos desencadenó un segundo interrogatorio a Béjar, después de que en su primera convocatoria, fechada el 4 de julio, decidiera responder únicamente a las preguntas de su abogado. El 26 de julio declaró ante el juez y los fiscales, tras lo cual estos solicitaron libertad bajo fianza de medio millón de euros para Béjar, lo que acto seguido desató su cese como presidente de DCN por parte de BBVA.
Tres días después, con fin de semana mediante, los fiscales retiraron esta solicitud. Con todo, Béjar fue desterrado del banco, al que se había reincorporado tras su cese en DCN, el pasado otoño mediante un despido disciplinario que terminó en los tribunales y por el que BBVA terminó comprometiéndose a abonarle 1,7 millones de euros.
