BARCELONA, 27 (EUROPA PRESS)
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha animado a los inquilinos a denunciar las prácticas abusivas que se puedan encontrar por parte de las inmobiliarias a la hora de alquilar una vivienda.
Lo ha dicho este jueves en declaraciones a la prensa junto a presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, y la líder de BComú, Janet Sanz, tras hacerse público un expediente sancionador a Alquiler Seguro por posibles prácticas abusivas contra los arrendatarios.
Bustinduy ha instado a denunciar a aquellas personas "que intentando buscar un piso, intenten cobrarle los honorarios para formalizar un contrato, intenten imponerle el cobro de servicios no solicitados", y ha dicho que lo hagan ante las organizaciones de consumidores, los sindicatos de inquilinos y las autoridades de consumo municipales y autonómicas.
El ministro ha señalado que entre las prácticas prohibidas están obligar a la contratación de servicios no solicitados o no deseados o cobrar comisiones por la formalización de contratos de alquiler al inquilino.
Ha añadido que "ningún modelo de negocio puede estar por encima de la ley" y ha asegurado que el Ministerio que lidera, en sus palabras, se va a encargar de que "ninguna ilegalidad quede impune".
Ha recordado que el Ministerio remitió esta semana al Ayuntamiento de Madrid la evidencia de más de 15.000 pisos turísticos ilegales, y ha dicho que si el consistorio madrileño o cualquier otro tiene dudas sobre como solucionar este tema, "existe el ejemplo de Barcelona".
ALBIACH
Albiach ha avisado de que el "éxito o el fracaso de la legislatura" en Catalunya depende de las políticas de vivienda que se hagan desde el Govern.
Ha señalado que el suplemento de crédito anunciado por el Govern esta semana debe permitir destinar un mínimo de 850 millones de euros a políticas de vivienda, y ha avisado de que si el ejecutivo de Salvador Illa "no reacciona con inmediatez", más de 8.000 pisos perderán la calificación de vivienda protegida este año.
Asimismo, ha reclamado la contratación de entre 100 y 150 inspectores para hacer cumplir el régimen sancionador del tope de alquileres o el fraude en el alquiler de temporada, y la creación de una unidad antidesahucios.
SANZ
Sanz, por su parte, ha subrayado que "cuando un gobierno quiere defender a la ciudadanía, lo puede hacer", ya que, según ella, hay legislación suficiente para poner en el centro los derechos de las personas.
Ha recordado la sanción de más de 400.000 euros a la propiedad de un edificio ubicado en el número 24 de la calle Ample de Barcelona, que han visitado este jueves: "Es necesario sacar adelante estas actuaciones ejemplarizantes".
Ha añadido que la Unión Europea está trabajando para crear un reglamento de vivienda y ha llamado a evitar el fraude con los alquileres de temporada.