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Unicaja Banco ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que abonará un total de 7,75 millones de euros al fondo de titulización TDA 24 como compensación por los perjuicios ocasionados por la eliminación de las cláusulas suelo en préstamos hipotecarios vinculados al fondo.
La entidad confirmó que, a fecha 30 de diciembre de 2024, depositó en la cuenta del fondo un importe de 5.280.679 euros. Este monto representa la diferencia entre los 7.754.085 euros totales adeudados y los 2.305.876 euros ya pagados en septiembre de 2024 en ejecución provisional de la sentencia, junto con 167.530 euros abonados previamente pero pendientes de aplicación. Según explicó Unicaja, este recurso estará disponible para la próxima fecha de pago del fondo, programada para el 24 de marzo de 2025, y ascenderá a 5.448.209 euros.
La situación tiene su origen en la herencia que Unicaja asumió tras la fusión con Liberbank en 2022. El fondo TDA 24 fue constituido en 2005 y agrupaba préstamos hipotecarios de varias entidades: CCM (posteriormente absorbida por Liberbank), Bankpime (adquirida por CaixaBank en 2011) y Credifimo. La gestora del fondo, TDA, enfrentó complicaciones tras la supresión de las cláusulas suelo, lo que provocó una disminución en los ingresos proyectados para el fondo.
Ante esta situación, TDA intentó resolver el problema a través de acuerdos extrajudiciales con las entidades involucradas, pero estos esfuerzos no dieron resultado. Como consecuencia, presentó una demanda contra Liberbank el 31 de julio de 2019, reclamando 2,3 millones de euros en pérdidas.
En 2021, el Juzgado de Primera Instancia nº 86 de Madrid falló a favor de TDA, señalando que Liberbank incumplió sus deberes como cedente y administrador de los préstamos hipotecarios. La sentencia obligaba al banco a pagar 1,9 millones de euros por disposiciones indebidas, 352.271 euros por lucro cesante debido a la eliminación de las cláusulas suelo y daños, perjuicios e intereses legales acumulados.
Tras la integración de Liberbank en Unicaja, la Audiencia Provincial de Madrid desestimó en 2022 un recurso de apelación interpuesto por el banco, confirmando la condena. Finalmente, en 2024, el Tribunal Supremo rechazó un recurso extraordinario de Unicaja, consolidando la sentencia.
En septiembre de 2024, Unicaja comenzó a ejecutar el fallo, realizando un primer pago de 2,3 millones de euros, junto con 113.851,6 euros en intereses. Posteriormente, los cálculos actualizaron el impacto económico, estimando un perjuicio acumulado de 6,66 millones de euros entre julio de 2017 y octubre de 2024. Al sumar más de un millón de euros en intereses adicionales, la compensación total alcanzó los 7,75 millones de euros.
