Perú recibe dos condenas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en dos días
Un caso fue por cese de trabajadores durante la dictadura fujimorista y el otro por no extraditar a un ciudadano chino
Perú ha recibido dos condenas esta semana de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en casos separados.
Ayer, la Corte IHD publicó un fallo que declara culpable al Estado peruano por violar los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial de tres funcionarios cesados tras el autogolpe de Alberto Fujimori en 1992.
El Perú deberá pagar indemnizaciones a sus funcionarios permanentes Carlos Alberto Canales Huapaya, José Castro Ballena y María Gracia Barriga.
El Perú deberá pagar indemnizaciones a Carlos Alberto Canales Huapaya, José Castro Ballena y María Gracia Barriga.
El caso se enmarca en el cese de 1.117 trabajadores del Congreso, en diciembre de 1992, tras la ruptura del orden democrático-constitucional, ocurrido el 5 de abril de ese año.
La Corte IDH no ordenó el regreso a sus cargos para las víctimas porque transcurridos 23 años de los ceses laborales "la reincorporación o reposición de las víctimas en sus antiguos cargos o en otros análogos enfrenta diversos niveles de complejidad y operatividad, en particular, por la modificación de la planta de personal en el Congreso".
Los jueces ordenaron al Estado peruano pagar a Carlos Alberto Canales y José Castro la suma US$350.000 cada uno como indemnización por daño material, inmaterial y aporte de pensión, mientras que María Gracia Barriga tendrá que recibir una compensación de US$90.000.
En tanto, el miércoles, la Corte amonestó al Perú por haber demorado sin sustento el proceso de extradición de un ciudadano chino acusado de estafa en su país. El proceso demora más de 20 años y en ese tiempo, el ciudadano ha permanecido bajo prisión domiciliaria.
El ciudadano chino es requerido por su país y la corte estima que no existen razones para pensar que su vida corre peligro si es enviado a su país.
La corte, con sede en Costa Rica, forma parte de la Organización de Estados Americanos (OEA) y sus resoluciones son de acatamiento obligatorio para los países del hemisferio que han reconocido su jurisprudencia.
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