Presidente Humala lamenta que Corte IDH obligue al Estado pagar a ONG que defendieron terroristas
El fallo de la Corte IDH ordena el pago de 10,000 dólares a la Aprodeh y 20,000 al Cejil por el caso Chavín de Huántar.
El presidente Ollanta Humala dijo que la orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) de que el Estado peruano le pague 30.000 dólares a las ONG que defendieron a los familiares de los terroristas del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) del caso Chavín de Huántar es “una mala noticia”.
Gloria Cano, abogada de Aprodeh, dijo a la prensa que el dinero que recibirán será donado a una organización filantrópica, la cual elegirán en los próximos días.
“Es una mala noticia [que se ordene este pago]. Creemos que primero tienen que pagar ellos [los terroristas del MRTA] lo que le deben al Perú”, dijo el presidente a la prensa.
El fallo de la Corte IDH ordena el pago de 10,000 dólares a la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) y 20,000 al Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil por sus siglas en inglés), organismos que asumieron la defensa de los terroristas que fueron posiblemente ejecutados luego de haber depuesto las armas el día en que el operativo Chavín de Huántar rescatara a los 71 secuestrados en la embajada de Japón, el 22 de abril de 1997.
El organismo supranacional, que ha encontrado al Estado peruano culpable por la muerte de al menos uno de los terroristas, el ‘camarada Tito’, ha dado un plazo de un año para que el Perú cumpla con estos pagos.
Gloria Cano, abogada de Aprodeh, dijo a la prensa que el dinero que recibirán será donado a una organización filantrópica, la cual elegirán en los próximos días. "Nosotros hemos señalado el lunes, públicamente, que los 10,000 dólares que le corresponden a Aprodeh vamos a donarlo a una organización caritativa", dijo en diálogo con Canal N la abogada Cano.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Gustavo Adrianzén, no obstante, exhortó a Cano a que donara el dinero a un militar abatido y a un rehén que murió en el fuego cruzado, el comando Juan Valer y el vocal supremo Carlos Giusti, durante el rescate de los rehenes, en 1997.
Al respecto, Cano dijo que el Estado peruano debe velar por ellos. “Hay obligaciones del Estado pendientes por esas personas, tiene que velar por su necesidades”, aseguró.