Caso Chavín de Huántar: Califican de "marxistas" y de "barbaridades" declaraciones de comisionado Eguiguren
El caso Chavín de Huántar es una de las espinas de la democracia peruana. La demanda fue interpuesta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por los abogados de los familiares de los terroristas fallecidos durante la operación de rescate Chavín de Huántar de la embajada de Japón, en la que miembros del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru mantuvo secuestrados a decenas de personas en diciembre de 1996 hasta el 22 de abril de 1997.
Actualizado : 11:37
Las declaraciones del miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el peruano Francisco Eguiguren, que cree que el Perú perderá la disputa por el caso Chavín de Huántar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no han sido bien recibidas entre los políticos.
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Las declaraciones del miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el peruano Francisco Eguiguren, que cree que el Perú perderá la disputa por el caso Chavín de Huántar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no han sido bien recibidas entre los políticos.
“Yo también, desde hace mucho tiempo, pienso que esto [la demanda por Chavín de Huántar] se pierde. La cosa es cómo se pierde y con qué resultado”, dijo el exministro de Justicia en una entrevista con Ideeleradio.
“Yo también, desde hace mucho tiempo, pienso que esto [la demanda por Chavín de Huántar] se pierde. La cosa es cómo se pierde y con qué resultado”, dijo el exministro de Justicia en una entrevista con Ideeleradio.
Eguiguren dejó en claro que él, como miembro de la CIDH, no es “ni juez ni abogado de ningún Estado”. "Sería bueno que lo entiendan las gentes bárbaras que hablan [de que la Comisión defiende a terroristas]”, dijo el letrado, profesor universitario de Derecho elegido miembro.
Las declaraciones de Eguiguren no han sido bien recibidas por el partido del expresidente Alberto Fujimori, hoy preso por corrupción y asesinatos. La legisladora fujimorista Martha Chávez calificó a la “gente con el perfil de Eguiguren” de ser un fanático marxista. “El gobierno del señor Humala debe ser responsable porque ha permitido y ha ayudado a que gente como Eguiguren llegue allí”, reclamó en diálogo con Canal N. Según Martha Chávez, los terroristas no tienen derechos.
Otro que criticó los comentarios de Eguiguren fue el exministro de Defensa Ántero Florez Aráoz, a los que describió como una “barbaridad”.
““Yo no creo que (su declaración) sea una negligencia sino una barbaridad. Está transgrediendo todas las normas de derechos humanos, un comisionado como es él no puede pronunciarse sobre casos concretos pues viola el sistema”, dijo a la emisora radial RPP.
El ministro de Justicia, Gustavo Adrianzén, en tanto, dijo que Eguiguren “ha afirmado ser poco optimista”. Adrianzén dijo tener la “seguridad” de que “luego de 18 años, finalmente nuestros héroes Comando Chavín de Huántar puedan estar tranquilos, que cese la persecución ante tribunales que ellos han sufrido”, mencionó a la misma radio que Flores Aráoz.
La periodista Rosa María Palacios, no obstante, precisó en una entrevista con Ideeleradio que “nadie ha hecho responsable a los comandos Chavín de Huántar, eso es mentira. Eso es lo que han usado la defensa de los que sí son culpables para tratar de defenderse”.
Palacios dijo que no se está procesando a los integrantes del comando Chavín de Huántar, sino a Vladimiro Montesinos, Nicolás Hermoza Ríos, Roberto Huamán Azcurra y Jesús Zamudio Aliaga por el caso.
El caso Chavín de Huántar es una de las espinas de la democracia peruana. La demanda fue interpuesta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por los abogados de los familiares de los terroristas fallecidos durante la operación de rescate Chavín de Huántar de la embajada de Japón, en la que miembros del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru mantuvo secuestrados a decenas de personas en diciembre de 1996 hasta el 22 de abril de 1997, día en que el comando Chavín de Huántar ingresó a la residencia, eliminó a los 14 terroristas que la custodiaban y rescató a unas 70 personas.
Los familiares de los terroristas afirman que varios de ellos se rindieron y a pesar de ello fueron ejecutados por agentes del Servicio Nacional de Inteligencia.
Según el Derecho Internacional Humanitario, dispararle a una persona detenida, que se ha rendido, constituye un caso de “ejecución arbitraria”, por tanto, un delito.
El fallo de la CIDH se conocerá en las próximas semanas.
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