Amnistía Internacional solicita crear registro de víctimas de esterilizaciones forzadas
Marina Navarro, directora de Amnistía Internacional en Perú, consideró que es “indignante” que “a 18 años de haber recogido los primeros casos”, aún no se haya hecho justicia.
Amnistía Internacional pidió al Perú crear un registro de las víctimas de las esterilizaciones sin consentimiento a las que fueron sometidas miles de mujeres y hombres, durante el segundo gobierno de Alberto Fujimori, para reducir la natalidad entre los más pobres del Perú.
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Marina Navarro, la directora de Amnistía Internacional en Perú, consideró que es “indignante” que “a 18 años de haber recogido los primeros casos”, aún no se haya hecho justicia. Las esterilizaciones forzadas se ejecutaron entre 1996 y 2000.
“Los derechos humanos deben estar por encima de cualquier gobierno y la lucha contra la impunidad es básica”, apostilló Navarro.
Se les denomina esterilizaciones forzosas dado que las personas no fueron debidamente informadas o accedieron a la operación bajo amenazas o a obsequios como alimentos.
Navarro, como muchos otros investigadores, no puede dar una cifra exacta de la cantidad de personas sometidas a intervenciones quirúrgicas como la ligadura de trompas o la vasectomía sin su permiso durante el segundo gobierno de Fujimori, pero la cifra ronda las 270,000.
No obstante, Amnistía Internacional cree que la cifra podría quedarse corta si se escarba un poco más.
Navarro sostuvo que a la fecha se ha podido identificar unas 2,000 mujeres esterilizadas contra su voluntad.
De las miles de mujeres y hombres víctimas de las esterilizaciones forzadas, mayormente indígenas, murieron al menos 18 personas.
Existen oficios remitidos al expresidente Fujimori escritos por el entonces ministro de Sanidad Marino Costa Bauer, en los que se informaba del avance de las que él, Costa, llamaba “las anticoncepciones quirúrgicas voluntarias”.
No obstante, se les denomina esterilizaciones forzadas dado que las personas no fueron debidamente informadas o accedieron a la operación bajo amenazas.
Un investigación del 2002 argumenta que este plan de salud pública tenía como objetivo disminuir la natalidad entre los pobladores más pobres del país.
La campaña denominada “Contra su voluntad: un registro único, miles de historias”, cree Navarro, es un primer paso para que las víctimas reciban justicia.
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