"Necesitamos que Doe Run funcione, pero que funcione bien": presidente Ollanta Humala
Desde la región de Amazonas, el presidente peruano recuerda que se endurecieron las exigencias ambientales precisamente por las demandas de hacerlo de la población de La Oroya, gran parte de ella con plomo en a sangre.
Desde la región de Amazonas, el presidente Ollanta Humala dijo que el Gobierno quiere poner en marcha Doe Run tanto como los trabajadores de la localidad de La Oroya, pero quiere hacerlo como debe hacerse y sin menoscabo de la salud de la población.
"Necesitamos que Doe Run funcione, pero que funcione bien”, dijo el jefe de Estado. “En lo último en que podemos pensar es en que afecte a los trabajadores”.
La población de La Oroya, situada en la sierra central del Perú, donde operó, hasta el 2009, el complejo metalúrgico de La Oroya, administrado por Doe Run, filial de la empresa estadounidense Renco, ha solicitado al Ejecutivo debilitar las exigencias ambientales para que la planta vuelva a funcionar.
No obstante, el presidente recordó que los estándares ambientales se endurecieron principalmente porque la misma población de La Oroya, en la que gran porcentaje de la población está contaminada con plomo por encima de un nivel saludable, exigió que así fuera entre los años 2001 y 2007.
Ya el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Energía y Minas han manifestado que reducir los estándares ambientales no es negociable.
Esta mañana, el abogado que representa a los trabajadores de Doe Run, quien dialogará con el Gobierno, dijo que cree que encontrarán una “solución responsable y técnica” al asunto de volver a poner en marcha la planta metalúrgica que no tiene la capacidad de reducir sus emisiones de azufre.
Hace una semana, el Gobierno declaró desierta la subasta del complejo metalúrgico pues ninguna empresa mostró interés alguno en hacer las inversiones necesarias para que la planta vuelva a operar.
El complejo metalúrgico de La Oroya está paralizado desde 2009 por incumplir un plan ambiental y por millonarias deudas que llevaron a que los acreedores, entre ellos el Estado peruano, convocaran a un concurso para reactivarlo.
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