Perú.- Amnistía reclama a Perú la creación de un registro único de mujeres esterilizadas contra su voluntad

AI ha pedido a las autoridades que "faciliten y otorguen recursos para el diseño, investigación y creación de un registro único", resaltando que "se deben garantizar las condiciones para que las mujeres afectadas e identificadas logren obtener justicia".

Para ello, la organización ha lanzado la campaña 'Contra su voluntad: un registro único, miles de historias', para animar a los ciudadanos a exigir al Gobierno la verdad sobre los casos y solidarizarse con las mujeres que sufrieron estas esterilizaciones.

"Desde Amnistía Internacional consideramos un hecho terrible que después de 18 años de registrarse los primeros casos de esterilizaciones forzadas aún no se tenga un registro exacto a nivel nacional del número de personas en su mayoría mujeres que fueron sometidas a esta violación a sus derechos humanos", ha dicho Marina Navarro, directora ejecutiva de AI en Perú.

La organización ha recordado además al presidente, Ollanta Humala, las declaraciones que dio en 2012, cuando afirmó que "las esterilizaciones forzadas son de las formas más salvajes de violentar a una mujer". "No podemos permitir que alguien decida por una mujer, su destino y el destino de sus hijos". agregó el mandatario.

En mayo de este año, el Ministerio Público reabrió la investigación sobre las denuncias de más de 2.000 mujeres que dijeron haber sido esterilizadas por la fuerza, motivo por el que AI ha reclamado que se investiguen y valoren los testimonios para saber si se continúa con los casos o si son archivados.

En este sentido, ha argumentado que la investigación "debe revisarse de manera eficaz e imparcial para poder contar con toda la información sobre estos miles de casos". AI ha apuntado que se teme que estas 2.000 víctimas sean únicamente "una pequeña parte del total de mujeres afectadas".

"Existen amplios indicios de que el personal médico que aplicó este programa de planificación familiar recibía presiones de las autoridades gubernamentales para alcanzar cuotas de esterilización y que, en la mayoría de los casos, las mujeres no dieron su consentimiento libre e informado", ha denunciado.

La mayoría de víctimas son mujeres indígenas y campesinas quechua cuya salud se vio afectada y deteriorada de manera crónica e irreversible como consecuencia de los procedimientos quirúrgicos a los que fueron sometidas sin ser debidamente informadas.