Gobierno oficializa estado de emergencia en la provincia de Islay
“Es un remedio amargo pero necesario”, dice ministro de Justicia.
“Es un deber que tenía el Gobierno”, añade Cipriani, arzobispo de Lima.
Mediante un decreto supremo publicado hoy en el diario oficial El Peruano, el Ejecutivo oficializa la declaración de estado de emergencia en la provincia de Islay, Arequipa, como medida para acabar con las protestas y disturbios que comenzaron el 23 de marzo contra el proyecto minero de cobre Tía María, y que se han Conrado la vida de más de tres personas.
El Decreto Supremo N° 040-2015-PCM señala, por tanto, que “euedan suspendidos los derechos constitucionales relativos a la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad de domicilio y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio” por un período de 60 días.
“No vamos a permitir a ningún violentistas agruparse para bloquear carreteras”, dijo Adrianzén.
Indica la norma, firmada por el presidente Ollanta Humala, por el jefe de Gabinete Pedro Cateriano y otros altos funcionarios, que solo se circunscribe a los distritos de Matarani, Mollendo, Mejía, Punta de Bombón, Deán Valdivia, La Curva, El Arenal, Cocachacra y Valle del Tambo.
Al respecto, el ministro de Justicia, Gustavo Adrianzén, uno de los firmantes, dijo esta mañana que la medida es “un remedio para la democracia” y que es una “cura amarga” pero que es la única forma de restablecer el orden en la zona.
Durante el período de vigencia de la medida está prohibido cualquier tipo de marcha o manifestación. La Policía Nacional mantendrá el control del orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas. “No vamos a permitir a ningún violentistas agruparse para bloquear carreteras”, dijo Adrianzén.
A su turno, el arzobispo de Lima, Juan Luis Cipriani, dijo hoy a una radio local que el Ejecutivo “ha demorado mucho” en declarar en emergencia a Islay. “Es un deber que tenía el gobierno de hacer respetar el Estado de derecho. Es un deber, no una opción política”, dijo en RPP.
El Ejecutivo declaró el viernes el estado de emergencia durante 60 días debido a nuevas protestas contra Tía María, que ocasionaron una nueva muerte, la cuarta como consecuencia de las manifestaciones contra el proyecto minero Tía María, en el que Southern Peru, de Grupo México, pretende invertir 1.400 millones de dólares.
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