Amnistía Internacional pide al Estado peruano "justicia y reparaciones" parta víctimas de esterilizaciones forzadas

Afirma Amnistía Internacional que en todos los casos de esterilizaciones sin consentimiento se “han vulnerado los derechos a la integridad corporal, la salud, la intimidad, la vida familiar y la no discriminación”.

“El gran número de esterilizaciones forzadas que tuvieron lugar en los 90 en el Perú ha dejado una ola de sufrimiento que solo podrá comenzar a remediarse si sus víctimas tienen acceso a la justicia y a reparaciones,” dijo Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

Según datos de la Defensoría del Pueblo de Perú, entre los años 1996 y 2001 se realizaron 272,028 operaciones de ligaduras de trompas y vasectomías en todo el país. Sin embargo, no se conoce con exactitud el número de mujeres y hombres que fueron operados sin su consentimiento.

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“Es imperativo que las autoridades comiencen a remediar estos terribles abusos de manera urgente. Crear un registro de todas las mujeres que sufrieron este flagelo e iniciar investigaciones sobre la cadena de responsabilidad serían buenos primeros pasos”, agregó Guevara-Rosas.

Las esterilizaciones sin consentimiento previo e informado constituyen una grave violación a los derechos humanos de las mujeres. “Gran parte de las mujeres afectadas son indígenas y campesinas de bajos recursos y quechua hablantes cuya salud se vio afectada y deteriorada como consecuencia de los procedimientos quirúrgicos a los que fueron sometidas sin ser debidamente informadas,” dijo Marina Navarro, directora ejecutiva de Amnistía Internacional en Perú.

Afirma Amnistía Internacional que en todos los casos de esterilizaciones sin consentimiento se “han vulnerado los derechos a la integridad corporal, la salud, la intimidad, la vida familiar y la no discriminación”.

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“El consentimiento informado para decisiones tan personales como una esterilización de carácter definitivo forma parte de la autonomía de cada persona protegida por los tratados internacionales de derechos humanos,” expresó Marina Navarro.

Una de las víctimas, Esperanza Huayama, mujer de 59 años, de la provincia de Huancabamba, Piura, víctima de las esterilizaciones forzadas, dijo: “Como las mujeres campesinas hemos sido analfabetas ellos han hecho lo que han querido”. El testimonio completo de Huayama y de Teódula Pusma, otra víctima, han sido registrados en un vídeo realizado por “Proyecto Quipu”.

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