El Gobierno cuenta ya con el dictamen del Consejo de Estado, que ha rechazado la investidura telemática
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha convocado un Consejo de Ministros extraordinario este miércoles a las 11.00 horas en el Palacio de la Moncloa para aprobar el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Presidencia de la Generalitat de Cataluña que permitiría la investidura a distancia del expresidente Carles Puigdemont, según han informado fuentes del Ejecutivo.
El recurso al Tribunal Constitucional se producirá así a penas dos días después de que el Consejo de Estado, máximo órgano consultivo del Gobierno, avalase esta decisión tendente a impedir que Puigdemont, huído de la justicia española en Alemania, sea investido presidente sin acudir al Parlament.
El Gobierno cuenta ya con el dictamen del Consejo de Estado que este mismo lunes ha avalado por unanimidad la presentación del recurso contra la ley, aprobada el pasado viernes por el Parlament de Cataluña.
En concreto, el Consejo de Estado estableció en su dictamen al respecto que el "oficio representantivo" exige que quien quiera ser candidato a la presidencia de la Generalitat tenga que estar presente en el acto, requisito que emana del Estatuto de Autonomía de Cataluña y de la Constitución, que no ofrecen excepciones ni alternativas.
En el dictamen, el órgano consultivo recuerda que ya ha opinado sobre la exigencia legal de que la investidura de un presidente debe ser personal y presencial. Explica que así lo prevé el Reglamento del Parlament, pero subraya especialmente que es lo que reclama también el Estatut sin "excepción alguna". A juicio del Consejo, tampoco cabe ahora "introducirla a través de una norma con rango de ley o, amparándose en la autonomía parlamentaria, mediante una modificación del Reglamento de la Cámara".
Está previsto que el Tribunal Constitucional, que se reúne en pleno mañana y se extenderá a lo largo de la semana, admita el miércoles el recurso del Gobierno y suspenda la aplicación de la ley.
También el Consell de Garanties Estutàries, el órgano consultivo de la Generalitat de Catalunya, falló la semana pasada que esta norma vulnera la Constitución y el Estatut y consideró además que no podía tramitarse por urgencia porque pretende modificar artículos sustanciales del Estatut.
La norma salió adelante con los 70 votos que tienen en la Cámara JxCat, ERC y la CUP, suficientes para derrotar a los 65 votos del resto de partidos del hemiciclo que rechazan la normativa: Cs, PSC, comuns y el PP.