Economía/Motor.- T&E afea a los fabricantes de coches sus quejas por el coste de Euro 7 cuando tienen "ganancias récord"

La organización Transport & Environment (T&E) ha afeado a los fabricantes automovilísticos europeos sus reticencias hacia la propuesta actual de la normativa Euro 7, más exigente en materia de emisiones, y ha argumentado que las compañías se quejan de que la adaptación a la nueva regulación es "demasiado costosa" cuando "han duplicado sus ganancias desde 2019".

En ese sentido, T&E defiende que el coste de adaptación a Euro 7 supone unos 150 euros por vehículo (tal como lo recoge la Comisión Europea en diversos documentos), mientras que desde la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA) y otras entidades y compañías del sector se estima que su implementación incrementaría en unos 2.000 euros el precio de los coches de combustión pequeños y medianos.

"Los fabricantes de automóviles europeos dicen que los planes para endurecer los límites de contaminación del aire, como Euro 7, les costaría demasiado. Sin embargo, un nuevo análisis muestra que están obteniendo ganancias récord y pagando sumas sin precedentes a los consejeros delegados y accionistas", ha defendido T&E en un comunicado.

En esa línea, la organización ha destacado que los cinco principales fabricantes automovilísticos europeos (Volkswagen, Stellantis, BMW, Mercedes-Benz y Renault) "han más que duplicado sus ganancias anuales desde 2019, hasta 64.000 millones de euros".

"Para T&E esta oposición de la industria automovilística a umbrales de contaminación más estrictos muestra que el atractivo de las ganancias tiene prioridad sobre la salud pública", ha lamentado la organización.

En ese sentido, el consejero delegado de Renault y presidente de ACEA, Luca de Meo, aseguró a mediados del mes pasado que el coste para la industria automovilística europea de adaptarse a la propuesta actual de la normativa Euro 7 se sitúa en una horquilla de entre 20.000 y 35.000 millones de euros.

"La estrategia de los fabricantes pasa ahora por priorizar la venta de vehículos de gama alta, menor volumen (de matriculaciones) pero (coches) más caros. T&E denuncia su doble discurso: por un lado, están abandonando coches más asequibles, como el Fiat Punto, en nombre de la rentabilidad, y por otro, afirman que las normas de la UE sobre contaminación del aire harían que los vehículos fueran demasiado caros para los consumidores", ha opinado T&E.

En ese sentido, la directora de T&E en Francia, Diane Strauss, ha asegurado que la organización "no culpa" a las empresas por sus "ganancias récord", pero sí que rechaza la validez de su argumento de que la industria "no puede permitirse soluciones baratas para combatir la contaminación". "Esto revela su codicia", ha criticado.

"No se debe permitir que los fabricantes de automóviles, en plena salud financiera, pongan en peligro la salud pública mientras pagan miles de millones a sus accionistas. Estas son las últimas normas en materia de contaminación para gases de escape que tendrán que cumplir. Esta es nuestra única oportunidad de reducir las emisiones tóxicas de los 100 millones de automóviles contaminantes que aún no se han vendido", ha añadido Strauss.

SOLO UN 10% DE COCHES EURO 7 EN 2035

En este contexto, ACEA ha publicado un análisis en el que defiende que los automóviles con motores de combustión afectados por la aplicación de las normativa Euro 7 solo representarán el 10% de los que circularán en la UE en 2035.

"A pesar de tener beneficios ambientales mínimos, la propuesta Euro 7 corre el riesgo de ejercer una presión financiera innecesaria sobre los consumidores y desviar la inversión de las tecnologías de cero emisiones", ha argumentado la organización.

La industria automovilística lleva tiempo advirtiendo de que la propuesta actual de la normativa Euro 7 puede llegar a suponer el cierre de fábricas y, por tanto, la pérdida de empleo en el Viejo Continente.

De hecho, la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) ha señalado en varias ocasiones que la redacción actual de la normativa es más lesiva para los intereses de la industria automovilística nacional debido a que está especializada en la producción de vehículos pequeños y medianos, cuya demanda es más sensible a un eventual encarecimiento de alrededor de 2.000 euros.

Otro de los argumentos que esgrime la industria automovilística es que considera una contradicción tener que invertir sumas millonarias en optimizar unos motores de combustión que a partir de 2035 no podrán venderse en la UE.