El juez procesa a Rodrigo Rato por presunta corrupción, blanqueo y elusión fiscal
Propone sentarle en el banquillo por corrupción en la publicidad de Bankia
Otro dolor de cabeza más para Rodrigo Rato. El titular del juzgado de Instrucción número 31 de Madrid ha procesado al exvicepresidente del Gobierno, y también a una decena más de personas, físicas y jurídicas, por posibles delitos de corrupción en los negocios, blanqueo de capitales y presunta elusión fiscal.
En el auto, que se ha conocido este lunes, el juez Antonio Serrano-Arnal da por concluida la instrucción del caso que desde 2015 investiga el origen del patrimonio del que fuese director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), recoge Efe.
Entre las conductas bajo sospecha se encuentran los contratos publicitarios de Bankia de 2011 y 2012 por el que se embolsaron algo más de dos millones de euros de comisiones, origen del presunto delito de corrupción entre particulares, y por los que figuran como procesados Rato y una docenas más de personas, incluidas las agencias Zenith y Publicis.
La Fiscalía Anticorrupción presentó en marzo de 2019 un escrito de acusación por los hechos delictivos mencionados y pedían cuatro años de cárcel y una multa de 2,5 millones de euros para el exvicepresidente. También sancionaban en el escrito con la misma cantidad y una pena de 3 años de cárcel al exsecretario de Estado de Comercio y exvicepresidente de Bankia, José Manuel Fernández Norniella, como informa El País. Esta actuación es una de las piezas que se interpuso en la investigación para conocer el origen de la fortuna de Rato.
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Actualmente, Rato se encuentra en libertad condicional. A mediados de febrero, la Audiencia Nacional dio el visto bueno para la salida de la cárcel del expresidenre de Bankia, a propuesta del Centro de Inserción Social del que dependía, tras valorar su edad, comportamiento y la "antigüedad" de los hechos por los que ingresó en prisión, las tarjetas 'black' de Caja Madrid.
Por una parte, la resolución otorga 20 días al fiscal y a la Abogacía del Estado para que presenten los escritos de acusación. Asimismo, la decisión del juzgado madrileño no es firme, y las partes acusadas podrán presentar recursos de reforma o de apelación en los próximos cinco días.
SÍNTESIS DE LOS HECHOS DELICTIVOS
El juez explica cómo Rato, tras ser nombrado presidente de Caja Madrid en enero de 2010, contrató como secretaria a María Teresa Arellano. Arellano va aumentando sus funciones hasta ser directora de coordinación de Presidencia y luego de Comunicación.
Finalmente, el dúo "consigue provocar la marcha" de la hasta entonces directora, Pilar Trucios. De esta forma, Arellano obtiene responsabilidades imprescindibles para poder controlar la adjudicación de la publicidad de Bankia (una vez ya escindida la caja de ahorro en la nueva entidad: Bankia) para poder cobrar comisiones a través de pagos calificados de desmesurados por varios testigos que han comparecido en la causa, según recoge El Periódico.
También contrata Lateralmente, controlada por Alberto Portuondo, socio del administrador de varias de las empresas de Rato. Aunque el exvicepresidente del Gobierno dice no conocer a Portuondo firmó con él un contrato con su empresa Kradonara 2001 para repartirse las comisiones obtenidas con el grupo Publicis. De hecho, el que era vicepresidente de Bankia, José Manuel Fernández Norniella, sostiene que el nombre de Bankia se decidió en una reunión entre Rato y Portuondo.
Cuando Caja Madrid inició un proceso de fusión con otras seis cajas de ahorro se convocó un concurso con una agencia de publicidad y otra de medios para realizar la publicidad que precisara la operación. En junio de 2011 se firmó un contrato con Albisa Inversiones, de Portuondo, con sede en su domicilio y sin que contara con empleados, y Kradonara a través de Vivaway, contralada por Montero Quevedo y administrada por Servitax, controlada por Domingo Plazas. El objeto eran unos servicios de consultoría por una cantidad mínima mensual de 40.000 euros.
Según el juez, "estas facturas no se correspondían con una contraprestación real de los aludidos servicios de consultoría sino que eran el conducto para dar cobertura legal para abonar a Rodrigo Rato su parte en las comisiones obtenidas por Albisa (Portuondo) de las publicitarias Zenith y Publicis, en razón de los contratos de publicidad que firmaron con la mercantil Bankia y obtenidos durante la presidencia de Rodrigo Rato de dicha entidad".
El magistrado afirma en el auto que Portuondo se dirigió a Publicis, "en calidad de comisionista" y le "ofreció conseguir la participación y la adjudicación de contratos de publicidad" con Bankia. Después hizo lo mismo con Zenith Media. "En dichos contratos se hace referencia a los sectores financiero y distribución, aunque el único contrato que Alberto Portuondo consigue para ambas agencias es el de Bankia", destaca el magistrado.
Trucios declaró como testigo que el propio Rato la telefoneó y le dijo que la ganadora del concurso y receptor de la "exagerada" cifra de 240.000 euros mensuales fijos iba a ser Publicis. y que todo lo que tenía que ver con estos contratos de publicidad, a nivel de presupuesto, debía despacharlo con Fernández Norniella".
Para el juez "aparece indiciariamente acreditado que, durante los ejercicios fiscales de 2011 y 2012 Bankia contrató servicios de publicidad con las empresas Publicis Comunicación España y Zenith Media, a cambio de una comisión de 2.022.153 euros con el fin obtener dichos contratos, que ambas mercantiles abonaron a la sociedad Albisa Inversores, controlada por Alberto Portuondo y, esta, a su vez, en virtud del contrato de junio de 2011, transfirió a la sociedad Kradonara 2001 de Rato, 835.024 euros".
CASI OCHO MILLONES
En cuanto al destino del dinero de esta forma percibido, Domingo Plazas declaró que "casi todo el dinero (unos 700.000 euros mas IVA) que recibieron de Albisa a través de Kradonara, fue a Bagerpleta GMBH (empresa participada por Rato y dedicada a la explotación de un Hotel en la República Federal de Alemania) lo que fue objeto de otra de las piezas por blanqueo de este procedimiento, antes de su unificación", explica el magistrado.
Y ese hotel en Berlín vuelve a aparecer en la parte relativa al delito de blanqueo que se le imputa por los "7.287.520 euros introducidos en España" desde la panameña Westcastle y la irlandesa Red Rose, a través de Vivaway y Kradonara. Según el juez, 3.697.773 son de origen desconocido, lo que no consta para que ingresen en el territorio nacional de esta opaca manera, recabando la mayor parte de los mismos en empresas y destinos propiedad o controlados por Rato.
