SJM denuncia que España repatría a personas malienses a Mauritania, "devoluciones indirectas" a un país en conflicto

El Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) ha denunciado este viernes, 24 de enero, que el Gobierno español repatría a ciudadanos de origen subsahariano a Mauritaria, especialmente a personas malienses, en cuyo país existe un conflicto bélico desde 2012. Tal y como señala la entidad de la Iglesia, esta práctica supondría una forma de "devolución indirecta" a una región de conflicto y "contraviene" el principio de no devolución.

Tal y como apunta SJM, el Defensor del Pueblo ha documentado tres vuelos de deportación de personas migrantes desde los Centros de Internamiento para Extranjeros(CIE) de las Islas Canarias con dirección a Nuadibú (Mauritania) durante los último 7 meses. Precisamente en 2019 se ha producido un considerable aumento de personas que llegan a Canarias en patera (se han duplicado con respecto a 2018).

Así, SJM denuncia que mediante estos vuelos de deportación --sobre los que el Ministerio del Interior no ofrece información-- con destino Mauritania, se ha expulsado de España a ciudadanos malienses. Esto, según remarca la entidad citando la posición de ACNUR, "contraviene" el principio de no-devolución de personas a lugares de origen donde existe un conflicto armado, como es el caso de las regiones del norte y centro de Mali.

Así, SJM ha mostrado su "indignación" ante esta práctica que ha documentado el Defensor del Pueblo mediante el Mecanismo Nacional de prevención de la tortura (MNP). En concreto, la institución ha constatado dos casos "especialmente preocupantes" de repatriaciones a Mauritania desde los CIE de las Islas Canarias.

Uno de ellos fue el pasado 19 de septiembre, cuando 17 personas, todas ellas no mauritanas, fueron repatriadas en un vuelo de Frontex que partió del aeropuerto de Tenerife Norte hacia la ciudad mauritana de Nuadibú.

Otro fue un vuelo que ha tenido lugar recientemente, el pasado 20 de enero de este año, con 46 personas a bordo, con recorrido Las Palmas de Gran Canaria-Nuadibú. Del total de personas expulsadas, la gran mayoría (34) procedían de Mali, además de Senegal (4) y Costa de Marfil (1).

PERSONAS SUSCEPTIBLES DE NECESITAR PROTECCIÓN

Tal y como ha incidido la entidad de la Iglesia, desde ACNUR han denunciado que estas prácticas de devolución a las regiones y comarcas del norte y centro de Mali "son contrarias al principio de no-retorno forzado" de personas malienses. Estas personas serían susceptibles de necesidad de protección internacional, según la Convención de la Organización de Unidad Africana de 1969 que ratifica los criterios de refugio de la Convención de Ginebra de 1951.

Además, para SJM, esta práctica de devolución "se agrava más aún" si se efectúa a través de un tercer país como Mauritania, donde según diferentes organizaciones de sociedad civil, "no se garantizan los derechos humanos".

DEVOLUCIÓN SIN COMPROBAR QUE PREVIAMENTE HABÍAN ESTADO EN MAURITANIA

En junio de 2019, el Defensor del Pueblo identificó un tercer vuelo entre Tenerife Norte y Nuadibú a través de que, a pesar de no comprobar que las personas habían estado en territorio mauritano con anterioridad, se ejecutó la devolución de ciudadanos senegaleses y mauritanos a dicho país.

Desde SJM apuntan que la devolución de nacionales de terceros países está amparada en virtud del acuerdo bilateral entre el Reino de España y la República Islámica de Mauritania del año 2003, pero la entidad ve "preocupante que se lleve a cabo sobre la simple presunción de haber transitado por su territorio", sin constatarlo previamente.

Además, la entidad de la Iglesia incide en que la República Islámica de Mauritania es un país donde, según señalan organizaciones como Amnistía Internacional, "no se cumplen los derechos humanos": los activistas y defensores de derechos humanos han sido perseguidos, atacados, enjuiciados y encarcelados; la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica está restringida; y la tortura y malos tratos bajo custodia "han sido habituales". Asimismo, allí "la población harratín y afromauritana sufre discriminación sistemática y contraria al derecho internacional".