ONG de infancia y entidades del Tercer Sector reclaman ante el Relator de la ONU medidas contra la pobreza en España

La Plataforma de Infancia ha expuesto ante el Relator que en España la pobreza infantil "afecta diariamente al desarrollo, derechos y oportunidades de 2,2 millones de niños y niñas, y que condiciona su futuro, ya que el 80% de ellos vivirán en la pobreza cuando crezca".

"La pobreza infantil en España es estructural. Además, en España tener hijos continúa siendo un factor determinante de vulnerabilidad hacia la pobreza y la infancia es uno de los grupos sociales más pobres en España", ha explicado

Las organizaciones de infancia han señalado que los sistemas de protección social, y más específicamente las prestaciones monetarias tienen enorme impacto en la reducción de la pobreza.

"Desde hace años, venimos pidiendo que la protección de la infancia frente a la pobreza sea mucho más amplia y económicamente más sólida. La prestación por hijo a cargo y la inversión en educación 0-3, deben ser compromisos fundamentales", ha precisado la responsable de Incidencia Política y Estudios de UNICEF, Cristina Junquera.

Asimismo, las organizaciones han puesto de manifiesto que las familias en riesgo de pobreza o exclusión social se enfrentan a tener que elegir entre pagar gastos básicos, calentar sus hogares o proporcionar una alimentación adecuada, ropa o material escolar a sus hijos e hijas.

ABSENTISMO ESCOLAR Y MENOR RENDIMIENTO

"Entre las consecuencias que tienen los problemas de vivienda y la pobreza energética en los niños figuran mayor incidencia de enfermedades, el aumento del absentismo escolar y un menor rendimiento académico", ha explicado la técnica en el departamento de Estudios e Innovación de Cruz Roja, Susana Gende.

Además, las ONG han avisado de que los niños y niñas más pobres tienen cuatro veces más probabilidad de repetir curso que los más ricos. "Las trayectorias educativas de niños y niñas --repetición, fracaso y abandono escolar temprano-- están fuertemente ligadas al nivel socioeconómico y cultural de sus familias", ha añadido la directora de Sensibilización y Políticas de Infancia en Save the Children España, Catalina Perazzo.

Precisamente, sobre el sistema educativo, la directora de Educo, Macarena Céspedes, ha apuntado que "España no invierte lo suficiente en becas y ayudas al estudio, así que la calidad educativa de la infancia depende de las posibilidades de las familias".

Por su parte, Ana Segovia, del área de comunicación de la Fundación Secretariado Gitano ha alertado de que un 89% de los niños gitanos están en situación de pobreza y esta "se perpetúa en la medida en que el sistema educativo no está dando una respuesta adaptada a los niveles de fracaso escolar ni a la segregación".

Además, Lourdes Reyzábal, de Fundación Raíces, ha puesto de relieve que los niños y niñas migrantes no acompañados son otro colectivo vulnerable a la pobreza por "la falta de garantías en la identificación, la negación de su condición de infancia y las políticas de extranjería", sufriendo el "riesgo de convertirse en víctimas de trata, trabajo forzoso, tráfico de personas, redes criminales, explotación y abuso sexual".

Según indican las organizaciones, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, Philip Alston, ha señalado que ha visto muchas de las situaciones que relatan las organizaciones de infancia durante su visita al país.

40 ENTIDADES DEL TERCER SECTOR

Por otro lado, el Relator también se ha reunido con más de 40 entidades sociales, convocadas por la Plataforma del Tercer Sector, que le han reclamado la urgencia de aprobar medidas políticas y económicas para revertir la situación de pobreza que se está viviendo en España derivada, principalmente, de la crisis económica que se inició en el año 2008.

El presidente de la Plataforma del Tercer Sector, Luciano Poyato, ha manifestado que España tiene un problema de pobreza estructural y multidimensional que tiene que solucionarse de manera "inmediata" a través de políticas sociales que actúen de manera transversal en todos los ámbitos de la sociedad: vivienda, infancia, juventud, empleo, etcétera, "recuperando los presupuestos económicos y garantizando los derechos humanos porque éstos no pueden esperar más".

En el acto han estado representadas entidades y movimientos sociales que trabajan en el ámbito de la discapacidad, mujer, juventud, cooperación al desarrollo, mayores, adicciones, inmigración, sinhogarismo, voluntariado y también organizaciones que defienden los derechos de los colectivos LGTBi y de los habitantes en entornos rurales.

Todas ellas han coincidido en que, a pesar de que el Producto Interior Bruto (PIB) ha crecido, las políticas sociales "no han mejorado", al igual que "tampoco lo han hecho las tasas de pobreza y exclusión social".

En concreto, el delegado del CERMI para los Derechos Humanos y la Convención Internacional de la Discapacidad, Jesús Martín Blanco, ha participado en esta reunión, junto a organizaciones de la discapacidad como COCEMFE, CNSE, ONCE y Plena Inclusión.

En su intervención, Martín Blanco ha resaltado que el 16% de las personas con discapacidad se encuentran en una situación de exclusión severa, tasa que casi duplica a la de las personas sin discapacidad. Como ejemplo, ha denunciado que casi cuatro de cada diez personas con discapacidad están excluidas de los servicios de salud, que el 17% de las personas con discapacidad no pueden comprar medicamentos o que el 15% de los hogares de personas con discapacidad están formados por personas sin empleo.