ONG ambientales reclaman en Madrid, Bilbao y Valencia medidas exigentes contra las causas de la pobreza energética

Las movilizaciones se celebran en la Semana Europea de la pobreza energética en la que las ONG han lanzado un manifiesto con un conjunto de siete medidas urgentes y concretas para solucionar este grave problema social.

El manifiesto ha sido impulsado Fridays for Future, Ecologistas en Acción, la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y se han adherido Amigos de la Tierra, Ecoserveis, Madres por el clima, Som Energía, Yayoflautas, CECU, CCOO y UGT.

Así, proponen optimizar las facturas para no pagar por encima de las necesidades ajustando el término de potencia a la demanda real; reducir el tipo de IVA aplicado a los beneficiarios del bono social, del 21 por ciento del IVA de lujo al 4 por ciento del IVA reducido.

Además, para facilitar la concesión automática del bono social, plantean que no sea necesario que el usuario tenga que pedirlo ni entregar documentación, sino que se efectúe a través del cruce de datos de la Agencia Tributaria, Seguridad Social y Servicios Sociales.

También piden que se acometa una reducción efectiva de los consumos energéticos, para lo que propone realizar al menos una inspección básica en los hogares más vulnerables, que identifique las carencias más evidentes y permita aplicar medidas de eficiencia sencillas.

Al mismo tiempo, instan a facilitar la rehabilitación energética preferente a los hogares beneficiarios del bono social desde las administraciones públicas.

Otra de sus propuestas sería la creación de una oficina de atención a los ciudadanos para consultas sobre temas energéticos, en la que puedan resolver dudas de las facturas, medidas de eficiencia, información sobre autoconsumo.

Igualmente, solicitan que la ampliación de las ayudas del bono social más allá de las familias que cuenten con libro de familia para atender a otras unidades de convivencia como pisos compartidos, parejas de hecho, así como otras, a cuya situación de ocupación de viviendas, deja fuera la actual regulación a pesar de que son la población más vulnerable al problema.

Los firmantes lamentan la "alarmante" situación de pobreza energética donde según la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) del año 2018 del INE, el 21,5 por ciento de la población vive por debajo del umbral de riesgo de pobreza, es decir, casi 10 millones de personas. Esto deja al colectivo de población más vulnerable en total estado de indefensión por parte de nuestras administraciones públicas.

Finalmente, denuncian que a la propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico le falta por incorporar "muchas soluciones importantes y efectivas" que exige la ciudadanía e insisten en la necesidad de atajar las causas de esta, como son las rentas bajas, el alto precio de la energía y la mala calidad de la edificación.