Ocho entidades piden a la ONU que investigue las vulneraciones de derechos que sufren las temporeras migrantes en Huelva

La organización internacional Women's Link Worldwide, con el apoyo de otras siete entidades, ha reclamado a la ONU que investigue "de manera urgente" la situación de estas trabajadoras y que "actúen rápidamente". Tal y como ha avisado, el contexto actual de la pandemia del coronavirus "agrava la situación existente y favorece la aparición de nuevas vulneraciones de derechos".

Así, Women's Link y el resto de organizaciones han advertido del riesgo que la pandemia de COVID-19 supone para los derechos de las temporeras marroquíes y el resto de población migrante trabajadora". Este colectivo, según han subrayado, ya se encontraba "en una situación de gran vulnerabilidad previa debido a la explotación laboral y a las diferentes formas de violencia que sufren desde hace años".

En este contexto, han avisado de que "las temporeras pueden verse expuestas a nuevas formas de explotación debido a la falta de mano de obra por el cierre de fronteras, así como a una mayor impunidad en los casos de violencia, especialmente violencia sexual, debido a las mayores dificultades de acceso a la sanidad y a la justicia".

Según ha apuntado la organización, las condiciones de trabajo en la crisis sanitaria --sin distancia de seguridad, guantes, mascarillas, ha agregado-, así como de las viviendas de algunas fincas --contenedores de obra, sin ventilación, con los baños alejados y sin agua potable, han precisado-- "pueden favorecer el contagio de la COVID-19".

Tal y como han destacado, la denuncia de esta situación "también es extensible a las personas migrantes que sobreviven en asentamientos informales de la provincia sin acceso a servicios básicos como agua o saneamiento".

UNA DECLARACIÓN CONJUNTA

Con todo, las ocho organizaciones han solicitado a los organismos de la ONU que emitan una declaración conjunta dirigida a las autoridades competentes en España y en Marruecos y a las empresas implicadas "exigiendo que protejan la salud y los derechos de las trabajadoras migrantes en Huelva".

Asimismo, han pedido que dichas medidas tengan una perspectiva de género, ya que la recogida de la fresa es un sector altamente feminizado, y que sean sostenibles en el tiempo, más allá de la duración del contexto provocado por la COVID-19.

"La pandemia de COVID-19, como todas las crisis, tiene un impacto específico en las mujeres y exacerba las desigualdades de género ya existentes. Este impacto es especialmente grave para las mujeres vulnerabilizadas, como las temporeras de la fresa, cuyas familias dependen de sus ingresos y trabajan bajo unas condiciones laborales discriminatorias y abusivas", ha explicado la abogada de Women's Link Worldwide, Aintzane Márquez.

En la comunicación, la organización ha presentado un informe elaborado por expertas en el que se exponen las principales vulneraciones de derechos humanos contra las temporeras documentadas en la temporada del año 2019.

En el documento se exponen vulneraciones de derechos detectadas durante la selección de trabajadoras en Marruecos y durante el desarrollo de la actividad laboral, así como vulneraciones específicas relacionadas con las condiciones de alojamiento, violencia sexual, dificultades de acceso a la justicia, a la sanidad y a sus derechos sexuales y reproductivos.

Así pues, Women's Link ha denunciado que la situación "no ha mejorado sustancialmente desde el año 2018, cuando se anunciaron medidas tras varias denuncias de temporeras por explotación laboral y violencia sexual". "La mayoría de las medidas adoptadas siguen haciendo recaer la responsabilidad de denunciar sobre las trabajadoras, que en muchos casos no son informadas de sus derechos o tienen miedo a perder sus trabajos", han apuntado desde la organización.

Asimismo, ha lamentado que el Estado español siga "sin controlar de manera eficaz que las empresas respeten los derechos de las temporeras, delegando su función de vigilancia en mecanismos propuestos y manejados directamente por la patronal de la fresa, en lugar de ejercerla desde las administraciones públicas como correspondería"

"El contexto actual de la COVID-19 ofrece una oportunidad para revisar el sistema de contratación en origen de manera integral. La vuelta a la 'normalidad' tiene que suponer también un cambio hacia un modelo productivo en el que los derechos de las personas trabajadoras migrantes estén en el centro, en lugar de los intereses económicos", ha concluido Márquez.