Entidades de dependencia piden una nueva Ley de la Autonomía Personal de las personas mayores y elevar la inversión

La CEDDD, que representa a más de 200.000 personas atendidas y sus familias, 350.000 profesionales y trabajadores y 1.000 voluntarios, ha reclamado una nueva norma "que garantice que toda la población con derecho a recibir prestación tengan el recurso necesario que elijan, con toda libertad e independencia, donde residan".

Esta petición la ha realizado con motivo del decimotercer aniversario de la publicación en el BOE de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. Este Consejo "se congratula del avance que supuso", si bien ha recordado que se estima que 30.409 personas reconocidas como dependientes han fallecido en 2018 en España sin haber recibido prestación o servicio, lo que supone más de 80 personas al día.

Asimismo, ha remarcado que más de un cuarto de millón de personas que tienen reconocida su grado de dependencia siguen sin percibir ningún tipo de prestación económica ni servicio o apoyo, al tiempo que ha destacado que hay "enormes diferencias en la lista de espera para la dependencia entre las distintas comunidades autónomas".

GARANTIZAR LA DIGNIDAD DE LAS PERSONAS

A su juicio, una nueva ley debe garantizar también "la dignidad las personas mayores atendidas en los centros residenciales y en las instituciones que las atienden", e incrementar "los Servicios que permitan a los mayores estar en casa el mayor tiempo posible".

Asimismo, la ley debe incorporar "dispositivos inteligentes en los domicilios de las personas dependientes que reciben el servicio de Teleasistencia", lo que "permitiría dar un salto cualitativo importante".

En cuanto a la financiación de los apoyos para las personas reconocidas con cualquier grado de dependencia en el que el Estado iba a aportar el 50% de la inversión, la CEDDD ha recordado que, de media, los usuarios soportan en un 21% el coste de esos servicios, el 80% cada Comunidad Autónoma y apenas un 9% el Estado.

Así pues, ha exigido "elevar la inversión en servicios de apoyo para la autonomía de las personas y de la dependencia al 2% del PIB, lejos todavía del 2,53% de la inversión en los países del entorno europeo".