El Comisionado para los Derechos Humanos pide "no dejar atrás" a las personas con discapacidad

En este sentido, ha pedido "no olvidar" que, a medida que los gobiernos europeos reaccionan a la rápida propagación del coronavirus a través de medidas de amplio alcance, una "gran proporción" de su población está viviendo con discapacidades.

Para el organismo, las personas con discapacidad "no sólo están a menudo en mayor riesgo de complicaciones graves de salud, sino que también tienen necesidades de apoyo particulares en este período difícil". Estas necesidades, a su juicio, deben tenerse en cuenta "desde el primer momento" al responder a la pandemia.

El artículo 11 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad dispone que los Estados adopten "todas las medidas necesarias para garantizar la protección y seguridad de las personas con discapacidad en situaciones de riesgo, incluidas situaciones de conflicto armado, emergencias humanitarias y la ocurrencia de desastres naturales".

No obstante, el Comisionado para los Derechos Humanos ha mostrado su preocupación por el "creciente riesgo de interrupción" de los servicios esenciales de apoyo para las personas con discapacidad. "En toda Europa, los proveedores de tales servicios de apoyo y trabajadores sociales están reportando problemas graves que ponen en peligro la continuidad de estos servicios, incluida la escasez de personal", ha asegurado.

Por ello, ha solicitado que los Estados adopten "todas las medidas necesarias" para hacer frente a estos problemas y que garanticen que las personas con discapacidad, a través de sus organizaciones representativas, "también están en la mesa", junto con representantes de los proveedores de soporte, en la toma de medidas.

En cuanto a las medidas de aislamiento para las personas con discapacidad, el organismo ha pedido que este aislamiento "sea mitigado tanto como sea posible". Así, ha destacado la posibilidad de utilizar formas accesibles de comunicación electrónica.

Sobre a la posibilidad de que las personas con discapacidad puedan ser discriminadas en el acceso a los recursos sanitarios, ha subrayado que es el "principal deber" de todos los Estados Miembros asegurar que esto no ocurra y "tranquilizar" al colectivo con que no habrá discriminación.

Por último, ha incidido en que el "excelente trabajo" realizado por las ONG nacionales "debe ser apoyado y amplifico a través de todos los canales de comunicación disponibles".