Amnistía Internacional reclama al Gobierno más protección y ayudas para los colectivos vulnerables

Ante la crisis sanitaria del coronavirus, Amnistía Internacional ha creado su propio decálogo para afrontar la pandemia, Una decena de medidas con las que busca advertir al Gobierno de que "es vital" en estos tiempos el cumplimiento de los derechos humanos y que éstos se "coloquen desde el principio en todos los esfuerzos", de prevención, preparación, contención y tratamiento. El objetivo prioritario es que las políticas que ahora se pongan en marcha no se olviden de los colectivos más vulnerables.

La ONG reconoce que el Estado de Alarma que se instauró el pasado sábado impone restricciones sobre algunos derechos humanos a cambio de la protección de la salud pública, un hecho insólito, según apuntan, que se corresponde con la "situación extraordinaria" en la que se encuentra el planeta.

"Sabemos y agradecemos el esfuerzo que diversos colectivos y, de manera muy especial, todo el personal sanitario, está haciendo para poder paliar en la medida de lo posible esta situación cambiante. Y, por supuesto, es necesario detener la expansión del virus y proteger, especialmente, a las personas más vulnerables. Pero es imprescindible recordar que el respeto a los derechos humanos no es un lujo que solo puede darse una vez que se haya minimizado la amenaza para la salud pública, sino que debe situarse en el centro de las medidas que se tomen", ha señalado el director de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán.

En este sentido, la organización recuerda que el confinamiento de la población está afectando al derecho a la libertad y la seguridad personal y, a su juicio, debe tener "una duración limitada y revisarse periódicamente" y, en el caso de que hubiera varios tipos de limitaciones posibles, "debería adoptarse la menos restrictiva". "Lo mismo sucede con las prohibiciones de viaje", indican, para añadir que, en estos casos, no exista un carácter discriminatorio.

IMPACTOS PARTICULARES PARA LA MUJER

Entre las personas más afectadas por este aislamiento, Amnistía Internacional señala a aquellas que no tienen hogar y que se enfrentan "a desafíos importantes para el autoaislamiento", personas migrantes en situación administrativa irregular; personas con ingresos más bajos y empleo inseguro; aquellas que no tienen más remedio que vivir o trabajar cerca de otras que no tienen acceso a medidas preventivas adecuadas, como en las cárceles o en entornos laborales que presentan riesgos para la salud; o personas sin acceso adecuado a agua y saneamiento.

"Todas ellas deben recibir especial atención por parte de las autoridades, y sus necesidades deben tenerse plenamente en cuenta en los planes y estrategias, para que puedan acceder a los mismos servicios que el resto de la población sin discriminación", advierte la organización. Además, pone en el foco la situación de las mujeres que pueden experimentar impactos particulares y desproporcionados, pues son ellas quienes desempeñan funciones de cuidado en mayor medida, tanto en el sector informal como en el sector social y de salud.

Pero ellas tienen, además, pueden ser también víctimas de violencia de género y estar un periodo indefinido encerradas con su agresor, recuerda la organización, antes de pedir al Gobierno una mayor atención para estas víctimas y para sus hijos. En concreto, llaman a reforzar las medidas que existen habitualmente para atender a estas mujeres.

Estas decisiones, además, deben estar al alcance de los usuarios, Según ha explicado a Europa Press Amnistía Internacional, los estados deben garantizar a todas las personas y comunidades afectadas el acceso a una información clara, oportuna y significativa.

LOS TRABAJADORES DE LA SALUD, EN PRIMERA LÍNEA

Además, todos estos grupos vulnerables antes mencionados, deben tener garantizado el acceso a la atención a la salud, apunta el texto de la ONG. En este sentido, la organización recuerda que todas las personas tienen que tener acceso a la seguridad social, incluidas las bajas por enfermedad o las bajas por paternidad o maternidad, entre otras, así como aquellas que se quieran acoger a reducciones de jornada por tener que cuidar de personas dependientes afectadas o niños debido al cierre de colegios.

"Algunas de las medidas aplicadas para mejorar la salud pública pueden tener consecuencias negativas en el derecho al trabajo y los derechos laborales, haciendo que las personas con trabajos precarios se vean afectadas de manera desproporcionada. Entre ellas figuran los trabajadores y trabajadoras migrantes, las personas sujetas a condiciones poco seguras o precarias de trabajo propias de la economía bajo demanda, las personas con bajos ingresos, las personas migrantes en situación administrativa irregular y las personas empleadas en el sector informal", advierten.

Pero, además, recuerdan a los trabajadores de la salud que están "en primera línea" frente a esta epidemia y tienen que continuar prestando servicios a pesar de los riesgos personales para ellos y para sus familias, como la posibilidad de contraer COVID-19, el exceso de horas de trabajo, la angustia psicológica y el cansancio.

A su juicio, es necesario proporcionar equipo de protección personal adecuado y de calidad, información, formación y apoyo psicológico para facilitar su labor. Estos aspectos, apunta, han de tenerse en cuenta también en el caso de otros profesionales que corren especial riesgo de exposición, como las fuerzas y cuerpos de seguridad, empleados de prisiones o personal de seguridad privada.

ESPAÑA, UNO DE LOS PAÍSES MÁS AFECTADOS

Amnistía Internacional ha apuntado que es consciente de la gravedad de la situación sanitaria en el país y de la necesidad de las medidas adoptadas, tanto por el Gobierno central y autonómicos, para proteger la salud pública y, aunque celebra las órdenes ministeriales aprobadas en los últimos días por el Ejecutivo, llama a las administraciones a trabajar de forma conjunta para implementar, de forma urgente, las medidas relativas a incrementar los recursos humanos y materiales necesarios que garanticen el acceso y disfrute del derecho a la salud durante esta emergencia a toda la población y especialmente a los colectivos vulnerables.

Por ello, apuesta por un refuerzo de medidas de protección social y económicas dirigidas asegurar que quienes están en situación de mayor vulnerabilidad y están viendo mermados sus ingresos por esta crisis, puedan seguir manteniendo un mínimo nivel esencial de todos los derechos, incluidos el derecho a la vivienda y a la alimentación, entre otros. Es el caso, apuntan, la preocupante situación de las personas sin hogar, para quienes las autoridades deben asegurar medidas que protejan su derecho a la salud.

Del mismo modo, insisten en la necesidad de poner en marcha un marco de las medidas de restricción de movimientos y aislamiento en el hogar de las mujeres víctimas de violencia de género, que las autoridades refuercen la atención telefónica a las mismas y la información sobre los recursos existentes para su protección y que se garantice también la capacidad de proporcionar una respuesta inmediata en caso necesario.

"Aunque es el Estado quien tiene la obligación de respetar, proteger y cumplir con el derecho a la salud, las personas a nivel individual y las empresas también tienen responsabilidades, por lo que hacemos un llamamiento para que se cumplan de manera urgente y responsable las recomendaciones efectuadas por las autoridades sanitarias. Esta es una crisis de la que solo podemos salir si nos mantenemos unidas en la distancia, fomentando la cooperación y el cuidado entre todas las personas", ha señalado la responsable de derechos Económicos, Sociales y Culturales en Amnistía Internacional España, Marta Mendiola.