Los laboratorios clínicos privados defienden que sí están colaborando con las autoridades en los test

El Gobierno puso en disposición este martes de las comunidades autónomas todos los centros clínicos de titularidad privada que realizan test de coronavirus, y se ha adjudicado la posibilidad de adoptar desde las medidas necesarias para la regulación de los precios de las pruebas con el objeto de evitar situaciones abusivas en el acceso a este servicio, según recoge una Orden publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

"Prueba de ello es que laboratorios de análisis clínicos privados están realizando pruebas diagnósticas para la detección del Covid-19 en hospitales públicos de diferentes comunidades autónomas, tanto a los pacientes que en ellos son tratados como al propio personal sanitario, cuyo trabajo es imprescindible en la lucha contra esta pandemia. Laboratorios de análisis clínicos privados están también efectuando pruebas de diagnóstico a aquellos servidores públicos que, acogidos a su correspondiente mutualidad, así lo requieren", insisten en un comunicado.

Por tanto, consideran que la medida adoptada por el Ministerio de Sanidad "en modo alguno puede considerarse motivada por una supuesta falta de colaboración de este sector con las autoridades sanitarias ni en otras cuestiones colaterales".

ANLAC también critica que la prohibición de realizar pruebas diagnósticas sin que exista una previa prescripción médica, "además de ser susceptible de implicar una vulneración del libre ejercicio profesional y empresarial", es "muy probable que tenga un efecto contrario al perseguido, incidiendo negativamente en la lucha contra la pandemia".

"Con esta medida se impide el acceso a estas pruebas de personas que así lo precisen para conocer la incidencia del virus en su entorno y saber de qué manera pueden organizar la realización de sus actividades profesionales o laborales y, al mismo tiempo, evitar la expansión del virus", razonan.

En este sentido, detallan que la experiencia acumulada en estos meses permite concluir que la "inmensa mayoría" de las personas que se están realizando las pruebas cuentan "con sobrada justificación para ello, ya que se trata de personas que han padecido o padecen los síntomas característicos de la enfermedad, que han estado en contacto con pacientes con esas características o que precisan acreditar la posibilidad de salir del aislamiento para saber si puede volver a la actividad laboral o a atender a familiares dependientes".

"La realización de estas pruebas ha permitido que empresas y particulares contasen con la información precisa para tomar decisiones consistentes en la aplicación de medidas de aislamiento y de prevención que han contribuido a evitar la propagación del virus. Las actuaciones llevadas a cabo por los laboratorios han permitido detectar numerosos casos positivos, evitando la propagación y aliviando en cierto modo la labor asistencial de hospitales públicos", apostillan.

Por ello, consideran que la medida aprobada por el Ministerio de Sanidad "va a impedir la posibilidad, salvo que se cuente con prescripción médica, de acudir a un laboratorio privado para conocer si está afectado o no por el virus". "Las previsibles consecuencias de ello serán ralentizar el incremento en la realización de las necesarias pruebas diagnósticas y dificultar el acceso a la información que permita tomar decisiones adecuadas en lo que al control de la pandemia se refiere", denuncian.

EL SECTOR NO HA SIDO CONSULTADO

La patronal lamenta que esta norma no ha sido ni consultada ni consensuada con el sector. "De haberse producido este asesoramiento a buen seguro habría contribuido a que la norma fuera más adecuada a la naturaleza y características de la actividad del sector", señalan.

Por otra parte, apuntan que desde el punto de vista jurídico su contenido es "bastante genérico e impreciso", por lo que "resulta difícil de aplicar de forma directa, pudiendo incluso dar pie a vulnerar en su ejecución determinados derechos de los operadores que no están afectados por la declaración del estado de alarma".

La propia norma reconoce que serán las CCAA las que deberán desarrollar su contenido y proceder a su aplicación práctica. "Esto puede conllevar, debido precisamente a esa falta de concreción de la Orden, que nos encontremos con regulaciones y prácticas diferentes en función del lugar de ubicación del laboratorio en una cuestión tan sumamente relevante en estos momentos como es la accesibilidad a las pruebas diagnósticas del Covid-19", argumentan.

"En definitiva, la norma aprobada genera inquietud entre el sector por las dudas que surgen sobre su contenido y aplicación, al margen de que las medidas contempladas pudieran exceder del estricto ámbito del estado de alarma, cuestión esta que deberá ser analizada con mayor detenimiento", concluyen, mostrando su "plena disposición" a seguir trabajand con la sanidad pública frente al Covid-19.